Por Karina Fernández
Luz María Jiménez, presidenta de la Asociación de Gasolineros Unidos de Puebla y Tlaxcala, planteó sanciones más severas a los empresarios cuyo funcionamiento sea cuestionable y obstaculicen inspecciones a cargo de Profeco.
Calificó estos operativos como una “simulación” de las autoridades que aun cuando detectan dispensarios alterados que no venden litros completos de gasolina, los establecimientos sigan funcionando.
Dijo que los operativos a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) son un distractor pues de lo contrario los expendios serían clausurados y los empresarios castigados con multas económicas e incluso con cárcel.
“De qué les sirve saber que encontraron aparatos que alteraban el despacho pero la gasolinera sigue funcionando y al gasolinero no lo meten a la cárcel. ¿No les parece ilógico?”, cuestionó.
“Parece que algo está fallando. No es solamente hacer el escándalo para distraer la atención de otros aspectos más importantes, hace falta que actúen en verdad, que se dejen de simulaciones. Si el empresario comete un ilícito debe ser castigado”, dijo.
Señaló que las multas para los gasolineros que se niegan a las inspecciones ascienden a los 800 mil pesos; sin embargo explicó que no se imponen porque los inspectores también fallan en el proceso ya que hacen “jarreos” sin testigos ni conocimiento de los empresarios que sirve para que estos se defiendan y ganen la demanda.
No obstante se pronunció porque se castiguen a quienes abusen y cometan excesos que perjudiquen a los ciudadanos.
“No defendemos ni defenderemos a esos empresarios. Si el empresario comete un ilícito debe ser castigado. No importa quién sea. Las leyes deben ser claras para sancionar a quienes cometan abusos y excesos”, recalcó.
Indicó que las prácticas de algunos empresarios lastiman la imagen del gremio en general, principalmente de quienes sí se apegan a la normativa y están dispuestos a reinvertir en sus gasolineras para brindar un mejor servicio a los usuarios.
