Por Karina Fernández
En medio de las críticas que han derivado de los procesos de designación de los presidentes de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción planteó cambios para el nombramiento de los titulares de los organismos autónomos.
En entrevista, María del Carmen Leyva Bathory explicó que la propuesta radica en la integración de comisiones de selección por ciudadanos con conocimiento en cada una de las áreas que atienden los organismos autónomos.
La finalidad es que quienes asuman la titularidad de estas instituciones posean un perfil ciudadano aprobado por los poblanos sin hacer de lado la preparación, formación y conocimiento en cada área en particular.
“La idea es que es que surja una propuesta, como ocurre con nosotros, de una comisión de selección donde los ciudadanos propongamos una terna de perfiles con conocimiento de los temas, que lleguen al Congreso o al Ejecutivo del estado para que elijan al titular pero de una propuesta ciudadana”, expuso.
Daniel Váldes Amaro, presidente de comité, explicó que esta iniciativa forma parte de una serie de propuestas que presentaron con antelación a los diputados locales pero que no se han discutido. Se refirió también a reformas para dotar de autonomía a la Fiscalía Anticorrupción.
El informe 2019 del Comité de Participación Ciudadana refiere que las reuniones se llevaron a cabo con el diputado del PAN, Oswaldo Jiménez como presidente de la Comisión de Participación Ciudadana quien se encargó de presentar la propuesta ante el Pleno del Congreso pero hasta el momento no ha habido avances en la materia.
El comisionado desestimó que la iniciativa en cuestión sea aprobada en breve para que aplique en el próximo proceso que el Congreso local iniciará para la designación del nuevo fiscal General del Estado, tras la renuncia de Víctor Carrancá al cargo, pero confió en que esta legislatura modifique los procedimientos para abrir la participación ciudadana.
Cabe mencionar que tanto el nombramiento del ombudsman José Vélez como del auditor Francisco Romero fueron cuestionados después de que a ambos se les relaciona como personajes cercanos al gobernador Miguel Barbosa Huerta.
