Por Valentín Varillas
La nada creíble versión del probable regreso del ex procurador Víctor Carrancá al cargo no está basada en hechos reales, sino el enorme miedo que tienen algunos miembros de gobiernos anteriores, ante el inminente proceso de ajuste de cuentas con el pasado, prometido por la administración de Miguel Barbosa.
Qué más quisieran ellos.
En sus años como encargado de la procuración de justicia en Puebla, como un auténtico gatillero a sueldo, Carrancá utilizó la institución a su cargo para ajustar cuentas con quienes le estorbaban a Moreno Valle y sus aliados.
Una de sus tareas prioritarias era garantizarle impunidad absoluta y eterna a los amigos, socios y cómplices de ese tiempo.
Las modificaciones legales aprobadas por el legislativo local, que en su momento le garantizaron su permanencia transexenal, comprueba los enormes favores que prestó a sus jefes y amigos.
Fue el premio por ser su escudero, el garante de impunidad para aquel grupo político.
En la eternización de Carrancá, existió un evidente pago de facturas por los muchos y enormes favores prestados a Rafael Moreno Valle y su círculo cercano.
El entonces procurador, prostituyó descaradamente las instituciones del estado en aras de encubrir a los asesinos de José Luis Tehuatlie Tamayo, el niño indígena que murió como consecuencia del operativo de “rescate” de la autopista a Atlixco, en el poblado de San Bernardino Chalchihuapan, aquel 9 de julio de 2014.
Además de este aberrante acto, penoso monumento a la impunidad, todo el sistema de procuración de justicia en aquel sexenio, sirvió en los hechos como el más efectivo garrote utilizado en contra de quienes unilateralmente fueron etiquetados como “enemigos del gobierno”.
Activistas, defensores de derechos humanos, líderes de distintas organizaciones fueron víctimas de investigaciones sesgadas, tramposas, violatorias a los más básicos y elementales derechos constitucionales.
En muchos de estos casos, ganar consistentemente amparos ante la justicia federal no fue suficiente para recuperar la libertad de los perseguidos.
En resumen: en Puebla se utilizaron de manera facciosa las instituciones del estado para encubrir asesinos y para ajustar cuentas con los “incómodos”.
Un estado criminal.
Y en teoría, si tan solo viviéramos en algo parecido a un estado de derecho, tendría que haber consecuencias legales, jurídicas para Carrancá y sus secuaces.
No un falso anuncio de un potencial y romántico regreso .
En esta historia, como en otras de la política, el hilo se rompe por lo más delgado.
Sin embargo, no hay que perder de vista que aquí también debería de haber responsables morales.
Y es que, en los hechos, Carrancá nunca fue autónomo.
Como empleado, siempre siguió órdenes y tuvo un superior.
El que como auténtica marioneta lo manejó a placer y conveniencia.
En una administración en donde se ejerció a rajatabla un estilo de gobernar basado en el “control total”, no se movía la hoja de un árbol sin la voluntad del ser supremo.
Hoy, el jefe de la banda ya no está.
Pero quedan más, muchos más con cuentas pendientes por los abusos y corruptelas que llevaron a cabo como parte de aquella élite en el poder.
A eso le temen, precisamente, los entusiastas promotores del regreso de quien tanto daño le hizo a Puebla y los poblanos.
