Por Karina Fernández
El recorte en las nóminas de las dependencias del estado corresponde a una “limpia” para acabar con los aviadores que albergan las secretarías, opinó el presidente del Congreso de Puebla, Gabriel Biestro Medinilla.
Señaló que las principales áreas donde se tienen registrados burócratas “fantasma” corresponden a educación y salud, pues reportan además las nóminas más altas que dificultan rastrear a estos personajes.
En entrevista, el morenista responsabilizó a los gobiernos encabezados por el PAN de haber sembrado a sus operadores políticos en las dependencias, así como de haber creado plazas fantasma que hoy representan un gasto innecesario para el nuevo gobierno.
Biestro dijo que dentro del Congreso de Puebla también inició un proceso para detectar aviadores, aunque recalcó que dentro del Poder Ejecutivo y al interior de la Auditoría Superior del Estado (ASE) se ha descubierto el mayor número de casos.
“Lo que yo sé, sin que esto sea algo oficial, es que hay mucho aviador y plazas fantasma que se tiene que revisar muy bien porque ahí se va gran parte del presupuesto del dinero de los poblanos en mantener operadores”, dijo.
El coordinador de la bancada de Morena no descartó que las plazas que queden vacías por esta limpia sean ocupadas por los despedidos del gobierno de Rafael Moreno Valle, aunque se trata de sólo una posibilidad.
Aceptó que los ex trabajadores han buscado al gobierno de Miguel Barbosa para solicitar su reinstalación, por lo cual podrían ser ellos quienes ocupen estas plazas de acuerdo con las necesidades del propio gobierno.
Por separado, la presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, Genoveva Huerta Villegas criticó el recorte del 15% que la Secretaría de Administración planteó a las dependencias del estado justificado en los principios de austeridad del nuevo gobierno.
En rueda de prensa, la panista advirtió que es una estrategia del gobierno para favorecer a quienes lo apoyaron en campaña y no para generar ahorros durante su administración.
Señaló que la primera posición que el gobierno de Miguel Barbosa entregó a sus aliados fue la Comisión de Derechos Humanos, y continuará con la Auditoría Superior del Estado cuyo titular se definirá esta semana.
Reclamó que el gobierno pretenda emplear el recurso público para llevar a sus simpatizantes a la nómina gubernamental mientras que en más de cien días de gobierno siguen frenados proyectos en seguridad y obra Pública.
