Por Karina Fernández
Aun cuando la empresa Deselec está a punto de ganar el litigio a las comunidades indígenas de Ahuacatlán y San Felipe Teplatán que se oponen a la construcción de la Hidroeléctrica Puebla 1, la firma se ha dedicado a hostigar e intimidar a las personas e instituciones que buscan la suspensión del proyecto.
Itzel Silva Moroy, abogada de Fundar informó que un grupo de personas acudió a las oficinas para solicitar que no impugnen la sentencia de amparo que se dictó el pasado 10 de octubre y que favorece a la empresa para la construcción de la hidroeléctrica en la Sierra Norte del estado.
En conferencia de prensa, indicó que tras la sentencia indígenas y defensores de sus derechos han sido víctimas de hostigamiento y criminalización por terceros que le apuestan a este proyecto.
Se les ha acusado incluso de retrasar los “beneficios” que traería este proyecto para las comunidades como San Felipe Teplatán y Ahuacatlán, e incluso, han buscado la división de los habitantes de la región pues con engaños se ha convencido a un grupo de personas de las “ventajas” que representa el proyecto.
La abogada teme que el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil pudiera revocar la impugnación que los opositores pretenden interponer permitiendo con ello que el proyecto que se logró frenar hace unos años pudiera concretarse, en perjuicio de la población de dichos municipios.
“El juzgado en ese momento concedió la suspensión del proyecto, sin embargo en el transcurso de estos años la empresa encontraron la manera de interponer diversos recursos peleando que se eliminara esa suspensión. Si nos quitan lo que queda, la obra podría iniciar, dijo.
Pobladores de la región acusaron que personal de la empresa está persuadiendo a las comunidades para que estén a favor del proyecto. Convencen con progreso y sueldo de jornada de 500 pesos al día, como resultado de los trabajos para la construcción del proyecto.
Sin embargo el proyecto traería consigo la pérdida de vegetación forestal, desvío del río, compactación de suelo, disminución en la calidad del agua de las presas de la región, erosión río abajo, destrucción y reducción del hábitat de especies, perjudicando las actividades agrícolas de las comunidades.