Por Valentín Varillas
Sostenida con alfileres, se encuentra actualmente la relación entre el gobierno del estado y los concesionarios del transporte público.
Ellos sienten que fueron traicionados por el titular de la ST, Guillermo Aréchiga, quien les dio garantías de que la tarifa preferencial para estudiantes no iba a aplicarse.
De esta manera y bajo estos parámetros, se llevaron a cabo las negociaciones y los acuerdos, que tan efusivamente se dieron a conocer el 7 de octubre pasado.
No midieron las consecuencias.
Movilizaciones estudiantiles en varios municipios del estado –las más severas en Tehuacán- y manifestaciones generalizadas en rechazo a la medida, por parte de organizaciones e instituciones educativas, obligaron a que se diera marcha atrás.
Los transportistas, de inmediato, mandaron el mensaje de que no estaban de acuerdo, de que sus ingresos iban a ser afectados de manera importante y de que tomarían las medidas que consideraran pertinentes.
Entre ellas, por supuesto, el paro.
Así fue como se le dio forma a un remedo de programa de descuentos a estudiantes.
Un auténtico parche con severas dudas sobre la efectividad de sus alcances y su forma de operar.
Una realidad completamente distinta se estaría viviendo ahora si, desde el principio y con todo el tiempo del mundo, el tema de la tarifa para los estudiantes se hubiera discutido en la mesa de negociaciones.
La relación con los transportistas no estaría fracturada y el gobierno del estado se hubiera ahorrado semanas de desgaste innecesario, en lo político y en lo mediático.
Ni hablar.
Es lo malo de echar mano de operadores fallidos para asuntos de tanta importancia.
Hay ya antecedentes concretos en la carrera política de Guillermo Aréchiga, que indicaban que no era el perfil ideal para llevar a cabo las negociaciones con los transportistas.
Su fallido paso por la Secretaría de Gobernación municipal en tiempos de Tony Gali, por ejemplo.
Ahí, desde el primer día, demostró su fracaso como negociador y operador.
El entonces edil, quería llevar a cabo un proceso de “reconciliación” con habitantes de juntas auxiliares como Canoa y La Resurrección, cuyas autoridades se habían erigido como los principales opositores a la decisión del congreso estatal, de retirarles el control administrativo de los registros civiles en el 2013.
Aréchiga propuso que, la primera gira del edil como parte de su “gobierno itinerante”, a menos de un mes de haber tomado protesta, fuera por Canoa.
El control electoral de las juntas auxiliares del municipio de Puebla, era fundamental en el establecimiento de las bases de aquel maximato que Moreno Valle quería implementar en Puebla.
Una muestra de buena voluntad de ambas partes era llevar a uno de los más fuertes pilares del morenovallismo a una demarcación que, en esos momentos, ardía políticamente.
Había muchas dudas, preocupación, en el círculo más íntimo del alcalde.
Sin embargo, Aréchiga les vendió certezas.
Juró por todos los santos que el tema estaba amarrado, que no habría problemas, que Gali sería recibido con porras, vivas, alabanzas y que al final, el evento resultaría una auténtica fiesta.
No fue así.
Al contrario.
El munícipe encontró una población enojada que lo recibió con gritos, sombrerazos, pedradas y mentadas de madre.
Los encargados de la logística no sabían qué hacer.
Aréchiga los metió en la boca del lobo.
No había más remedio que huir.
Salir de ahí lo antes posible.
Las imágenes de semejante escapatoria inundaron las redes sociales y trascendieron a los medios tradicionales, a pesar del cerco informativo que intentó operarse como estrategia de control de daños.
A pesar de semejante pifia, Aréchiga se mantuvo 10 meses en el cargo.
Esta historia y la manera en que llevó a cabo la operación del aumento a la tarifa del transporte, nos muestra con toda contundencia, el tamaño político real de este personaje.
Saldos negativos y en tiempo récord, por donde quiera que se vea.
Ni hablar, dicen que en política, cada quien tiene los operadores que se merece.
¿Será?
