Por Karina Fernández
Sin cambios sustanciales, la comisión de Derechos Humanos en el Congreso del estado aprobó la iniciativa enviada por el gobernador Miguel Barbosa para la creación de la nueva Ley de Víctimas del estado en la que destaca que los agraviados podrán recibir una compensación económica como reparación del daño causado.
El dictamen plantea la creación de la Comisión Estatal de Víctimas, un nuevo Organismo Público Descentralizado, que se encargará de fijar el monto de las compensaciones para las víctimas cuando el juez no determine la cantidad a cargo del sentenciado.
También cuando el responsable haya muerto o evadido la justicia. En este supuesto, la cifra de compensación a cargo del gobierno estatal será hasta de 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA) mensuales, equivalentes a poco más de 42 mil pesos.
La diputada local de Morena y presidenta de la comisión, Estefanía Rodríguez Sandoval resaltó que la nueva ley esta armonizada a la Ley General de Víctimas por lo que incluye temas como la creación de Comisiones Operativas Especializadas en la Atención de Víctimas, la creación de un registro de víctimas y un Fondo de Reparaciones.
Explicó que será responsabilidad de los encargados de dicha comisión revisar que los agraviados cumplan con los elementos necesarios para recibir el pago por la reparación del daño que se determinará según la gravedad del mismo.
Entre los requisitos que deberá cumplir se encuentra la presentación de constancias de hechos, la sentencia de la autoridad judicial competente que señale los conceptos a reparar y el documento que acredite que la víctima no ha recibido la reparación del daño.
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“Cada una de las personas tendrán que asistir y de acuerdo a la ley en general tendría que justificar los gastos que se van a realizar para que de este fondo se les sea depositado a la misma reparación. Considera a cualquier víctima en general, no solamente para las mujeres”, dijo.
El dictamen establece que sólo podrán ser indemnizadas las víctimas de delitos que ameriten prisión preventiva como homicidio doloso, violación, secuestro, uso de programas sociales con fines electorales y delitos en materia de hidrocarburos.
Cabe mencionar que aun cuando el victimario haya evadido la justicia, una vez que sea capturado, estará obligado a restituir la compensación económica que se haya ministrado al agraviado por el delito cometido.
