4T, seguridad y estado de derecho

Por Valentín Varillas

 

Ojalá que en Puebla, no se apliquen al pie de la letra algunos postulados de la llamada Cuarta Transformación.

Sobre todo en lo que al combate a la delincuencia y la aplicación de la ley se refiere.

Ojalá que el gobernador Miguel Barbosa no claudique en su principal tarea, que es la de proteger a quienes viven respetando las normas básicas de convivencia, de aquellos que han decidido no hacerlo.

Se trata, ni más ni menos, del acuerdo básico, fundamental, que le da sentido a la relación entre gobernantes y gobernados.

Sería muy importante que aquí, no exista aquella penosa confusión de términos, entre ejercer el uso legítimo de la fuerza y reprimir.

El primero, supone cumplir con el mandato ciudadano a través del ejercicio de gobierno, apegándose siempre, de manera rigurosa, a lo que marca la ley.

No hacerlo, es omitir una obligación fundamental que deviene en impunidad, uno de los más grandes males del estado.

Renunciar a lo anterior, genera también un estado de derecho de excepción en donde se da carta blanca a quien viola la ley, en detrimento de quienes son víctimas de la comisión de algún delito.

El mensaje desde el gobierno federal ha sido claro, al sugerir que los ciudadanos lleven a cabo tareas que corresponden a las fuerzas del orden, las que están capacitadas para ello y que se pagan además con dinero público: están solos, cuídense como puedan.

De acuerdo con la enorme preocupación de los poblanos en el tema de la paz social y la seguridad pública, urge que a los delincuentes se les aplique aquí todo el peso de la ley y no se intente combatirlos con tibios llamados al orden, o en el peor de los casos, amenazándolos con  acusarlos con sus mamacitas.

Esto es una falta de respeto a quienes han sufrido el embate de la delincuencia y viven en carne propia las consecuencias de una fallida estrategia en la materia.

Porque hay que decirlo con todas sus letras:  la 4T ha fracasado en el tema de la seguridad pública, en su primer año al frente del gobierno federal.

Los números oficiales arrojan que se trata del inicio de sexenio más violento de la historia, con más de 22 mil homicidios en apenas ocho meses de gobierno.

Contundente, demoledor.

Aquí en Puebla, hay una unánime exigencia de mano firme, no temblorosa, para brindar seguridad.

Por eso, no puede replicarse la estrategia que ha aplicado el gobierno de la República y mucho menos el tratamiento filosófico y discursivo que ha ensayado el presidente sobre este tema.

Tranquiliza el hecho de que, desde su campaña y en el discurso de toma de protesta, el gobernador Barbosa haya definido el tema de la seguridad pública como la primera prioridad en su administración.

Más patrullas y elementos, mejor capacitación y acciones concretas para inhibir la actividad criminal, en lugar de fúchilas, guácalas y demás inútiles florituras.

El resultado, para bien de Puebla, tiene que ser mejor.

Ojalá.

 

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