Por Karina Fernández
Integrantes de Fundar México y comités de defensa de San Felipe Tepatlán y Ahuacatlán que se oponen al proyecto Hidroeléctrico Puebla I a cargo de la empresa Deselec, han sido difamados y hostigados con la intención de deslegitimar su labor en defensa del Río Ajajalpan.
Diana Pérez, abogada del consejo Tiyat Tlali, que en abril de 2016 inició el litigio para defender el agua, informó que los luchadores sociales e indígenas de las comunidades que involucra el proyecto han sido criminalizados y víctimas de irregularidades en el proceso que en próximos días recibirá sentencia.
Las irregularidades iniciaron desde la obtención de firmas por la empresa a cargo del proyecto que con faenas pagadas de alcohol comenzó en 2015 a pesar de que desde 2009 tramitaron licencias de construcción con los ayuntamientos involucrados.
Además ese mismo año presentaron un Convenio de Colaboración entre empresa y San Mateo Tlacotepec donde supuestamente el edil auxiliar signó, pero que fue desconocido puesto que dicha autoridad no sabe leer ni escribir.
“En 2018 se presentó una denuncia penal por falsificación de documento o abuso de confianza porque la autoridad que aparecía como firmante como el presidente de la Junta Auxiliar de San Mateo Tlacotepec no sabe leer ni escribir”, expuso.
Denunciaron además la desaparición de tomos anexos en el expediente de amparo, el supuesto desistimiento de la demanda de amparo y la presencia de personas ajenas a la comunidad que se han presentado en los juicios que se han desahogado.
Diana Pérez confió en que a pesar de estas irregularidades, y con más de 3 años de lucha, el juez primero de distrito en materia de amparo civil dicte sentencia a favor de las comunidades indígenas antes del 11 de octubre pues reclamó que el proyecto no genera un bien público.
Por el contrario representa un impacto ambiental severo en la vegetación forestal, el desvío del río, disminución de la calidad del agua, reducción y destrucción del hábitat de especies y ecosistemas, generación de gases de efecto invernadero y la contaminación de acuíferos.
Los propios pobladores han llamado a esta hidroeléctrica como un proyecto de muerte para su comunidad dado que el río sirve para quienes se dedican a la pesca como fuente de riego para sus cultivos que como este año, han enfrentado una sequía como consecuencia de la falta de lluvia.
Además saben que el proyecto provocaría que sólo el 10% del cauce del río sirviera como gasto ecológico para éstas actividades puesto que se requiere del resto del vital líquido para generar la energía necesaria que suministre el servicio a privados como las cadenas de tiendas de autoservicio como Walmart y asociados.
