Por Valentín Varillas
La amnistía que el actual gobierno estatal ha prometido llevar a cabo, para intentar sacar de la cárcel a los presos políticos del morenovallismo, parece pertinente si tomamos en cuenta el nivel de prostitución al que llegó el sistema de procuración de justicia estatal en ese período de gobierno.
El entonces procurador, luego fiscal, Víctor Carrancá, operó en los hechos como un auténtico gatillero de Rafael Moreno Valle.
Sus incondicionales, insertados en puestos claves de la PGJ – Fiscalía General del Estado, actuaron como sicarios para que, al interior de esta institución, se llevaran a acabo las consignas que desde Casa Puebla se ordenaban, en contra de quienes eran considerados como “enemigos” del régimen.
Un auténtico Estado criminal.
Sin embargo el círculo de la ignominia lo cerró el poder judicial del estado.
Jueces y magistrados que, solícitos, se sumaron gustosos a la cacería emprendida por quien, en los hechos, era su amo y señor.
La enorme mayoría le debía su chamba a Rafa, una vez que fue él quien llevó a cabo una profunda “limpia” de personajes supuestamente incómodos, en un poder que en el papel tendría que haber sido independiente y autónomo.
El chiste se cuenta solo.
Prácticamente ninguno de ellos se negó a obsequiar sendas órdenes de aprehensión en contra de quienes eran en ese momento perseguidos, a pesar de que las averiguaciones previas -luego carpetas de investigación- no aportaban elementos contundentes para proceder a las detenciones.
Les valió madres.
Su permanencia en el cargo dependía de que siguieran al pie de la letra las “indicaciones” que de manera contundente les hacía llegar el jefe del ejecutivo estatal.
“Era un suicido no acatar sus órdenes”- me confió alguna vez un arrepentido cómplice de esta asquerosidad.
Roberto Flores Toledano era el jefe de semejante cártel judicial.
Tan aberrantes fueron los fallos de estos supuestos próceres de la impartición de justicia que, invariablemente, los jueces de distrito les corrigieron la plana en los casos en los que actuaron por consigna.
Todos los considerados como presos políticos ganaron sendos amparos ante la justicia federal, aunque en algunos esto no fue suficiente para que abandonaran la cárcel.
Nuevos señalamientos de delitos “graves”, que aparecían como por arte de magia, de la mano de dictámenes de prisión preventiva, los mantuvieron tras las rejas.
Ya va siendo hora de que el Consejo de la Judicatura Federal tome cartas en el asunto y revise con lupa el actuar de los miembros del poder judicial poblano.
Esos que no tuvieron empacho en acabar con vidas enteras, honras y prestigios, para agradar y tener contento a quien en los hechos era su auténtico patrón.
Los mismos que hoy le apuestan al olvido y la desmemoria, para tratar de salir impunes de los crímenes que cometieron.
