Por Jesús Manuel Hernández
La llegada de Miguel Barbosa al Gobierno de Puebla constituye en sí misma la aparición de una nueva administración, de un proyecto, de una nueva clase política, es decir, de un nuevo régimen.
La modificación, ya avalada por el Congreso, de elevar el número de secretarías, de 12 a 17, lleva un claro mensaje de borrar la forma de hacer gobierno de los últimos años.
Y hay más pruebas, la expulsión de la sede de Smart City de un edificio que fue restaurado en su tiempo para ser fábrica de Talavera y sede, a un costado, en la Capilla de San Cayetano, de una logia de la masonería, sumada a la propuesta de la diputada Olga Romero Garci Crespo de revisar todas las obras emblemáticas del morenovallismo, algo así como destapar la cloaca.
Y ahí saltarán los casos de la Estrella de Puebla, el Museo Internacional del Barroco, los Centros de Salud llamados Cessa, el CIS, el segundo piso, etcétera, todos enmarcados en dejar la impronta de un gobierno que curiosamente no tendrá en sus beneficiados a los defensores de la acusación y que puede convertirse en persecución.
Qué legisladores subirán a defender las denuncias, ¿acaso Marcelo García Almaguer, uno de los ejecutores del pasado?
El inicio de este régimen compromete mucho a quienes ocuparán las sillas del gabinete, requerirán de dar muestras de congruencia y tendrán que verificar informes de entrega y levantar actas a quienes han sido cómplices del pasado.
Varias curiosidades asoman por el momento, ¿cuánta investigación habrá en la SSA, cuánto recorte en Turismo de los agentes morenovallistas beneficiados con los negocios que ahí se fraguaron?
¿Cuántos de los infiltrados y sobrevivientes en el gobierno interino serán expulsados de la función pública?
Muchos se preguntan cuántos de los carniceros de ayer, serán los marranos de mañana. Se antojan nombres, se antojan realidades y no sólo golpes mediáticos.
O por lo menos, así me lo parece.
