Por Valentín Varillas
Viernes 26 de enero de 2019, cerca del mediodía.
Un avión de la empresa Volaris se alista para cargar combustible en el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán.
Va a cubrir la ruta Puebla-Cancún.
Para surtirlo, ya está lista una pipa cargada con 7 toneladas de turbosina.
De acuerdo con el cálculo y los requerimientos de compra de la aerolínea, esta es la cantidad necesaria para que la aeronave llegue perfectamente a su destino y esté lista para cualquier imprevisto que pudiera surgir durante el vuelo.
Sin embargo por alguna extraña razón, para cumplir estos objetivos carga únicamente 5 toneladas.
Las dos restantes se quedan al interior de la pipa.
El combustible ya ha sido pagado por la aerolínea.
Inmediatamente, el remanente se convierte en un codiciado botín que detona un viejo negocio que opera en Puebla y en el resto de los aeropuertos del país.
La pipa cargada de combustible empieza a ser ofertada, a precio de auténtica ganga, por toda la terminal aérea, con la complacencia y complicidad de la comandancia, el destacamento de la Policía Federal, operadores, pilotos, encargados de aeronaves oficiales y dueños de aviones privados.
Todos le entran, de acuerdo a sus necesidades y posibilidades.
El negocio es tan grande que alcanza para comprar hasta las más tranquilas conciencias.
Los encargados de calcular los requerimientos de combustible de las aerolíneas y en función de esto, solicitar las órdenes de compra a los responsables del área, juegan un papel fundamental en esta sofisticada red de complicidades.
En el caso del viernes pasado, en menos de dos horas, las dos toneladas del combustible sobrante han encontrado destino.
Los interesados las pagaron en riguroso efectivo.
De la operación irregular no quedan registros oficiales.
Nada que pudiera incriminar a los involucrados.
Aparentemente todo se da dentro de la normalidad; no hay delito que perseguir.
El esquema lleva varios años vigente, se repite con una frecuencia alarmante y en todas las líneas aéreas que tienen operaciones en Puebla.
También se da, desde hace décadas, en el resto de los aeropuertos nacionales.
Se trata, simplemente, de un delito que encarece los costos de operación de las aerolíneas, situación que afecta directamente a los usuarios de servicios aéreos en México.
Es el huachicol secreto, el que nadie atiende y del que nadie se preocupa, pero que también sirve para el enriquecimiento ilegal de un grupo de vivales que tiene en sus manos las operaciones aéreas de todo un país.
