Por Rocío García Olmedo
Muchos meses de incertidumbre, llegaron a su fin. El sábado por la noche en una larga sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) las Magistradas/os declararon la validez de la elección de Puebla y con ello a Martha Erika Alonso Hidalgo como la Gobernadora del Estado.
Como en todo procedimiento que se judicializa, hay dos partes en pugna y al llegar a la última instancia -como fue el caso- el resultado es inapelable.
Cuatro de siete Magistrados/as validaron la elección. Cada uno/a fue razonando y argumentando su voto. Sólo percibí en la muy larga intervención de la Magistrada Soto, una falta de contundencia en su razonamiento que por momentos hacía parecer que estaba a favor del proyecto y en algunos otros en contra.
Los demás, a favor o en contra, defendieron su posición y de manera magistral, sólida y apegada a derecho la intervención de la Magistrada Presidenta Janine M. Otálora.
Todos estos meses, escuché en diferentes voces, la exigencia al TEPJF de un resolutivo netamente jurídico y eso fue lo que escuchamos en la Sesión: argumentación jurídica. Y conste que no debió ser una decisión fácil.
El próximo día 14, rendirá protesta del cargo quien será la primera mujer que gobernará el Estado, puede hacerlo ante el Congreso, la Comisión Permanente o el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, tal y como lo establece el artículo 75 de la Constitución Política de Puebla.
La nueva gobernadora enfrentará un gobierno dividido, ella, titular del Poder Ejecutivo, pertenece a un partido distinto al que ostenta la mayoría de quienes integran el Poder Legislativo, lo que conlleva necesariamente al establecimiento de nuevas estrategias políticas que permitan construir acuerdos y consensos.
Esto no es nada nuevo en nuestro sistema político, ya que a nivel nacional se presentó en 1988, reapareció en 1997; sin embargo es, la primera vez que lo viviremos en nuestro Estado.
Por ello habrá que empezar a construir los escenarios para los acuerdos.
Nos gusten o no nos gusten, las decisiones de los tribunales constitucionales deben acatarse. Todos, pero en especial servidores públicos y representantes populares, debemos hacer valer el Estado de derecho.
Terminó la incertidumbre, obligado es ahora, dar certidumbre a las poblanas y poblanos.
Las/os priistas en el Congreso del Estado, tenemos mucho que aportar, por el bien de Puebla y las familias poblanas, el llamado es a construir consensos.
