Por Valentín Varillas
En su primera semana como presidente, muy claro le ha de haber quedado a Andrés Manuel López Obrador que su coexistencia con el poder judicial federal estará muy lejos de ser un día de campo.
Al contrario.
Es evidente que, ambos poderes, traen agendas e intereses particulares muy distintos.
El caso Puebla, por ejemplo.
A pesar del llamado a la calma y a aceptar por la vía pacífica el fallo inapelable del tribunal, lo cierto es que como balde de agua fría cayó en lo más alto del poder político nacional, la resolución tomada por la mayoría de los magistrados del TEPJF en torno a la elección en Puebla.
El propio AMLO, ya como presidente electo, fue particularmente duro en sus opiniones a lo sucedido el pasado 1 de julio en el proceso de renovación de la gubernatura del estado.
No tuvo empacho en calificarlo como un “fraude” y en dar trato de gobernador electo a Luis Miguel Barbosa en un acto público, cuando las autoridades electorales habían ya otorgado una constancia de mayoría a la candidata de la alianza Por Puebla al Frente.
El resultado final, no solo le impide controlar políticamente un estado que es fundamental en el mapa nacional, sino que fortalece y perfila a Rafael Moreno Valle, quien seguramente buscará ser el candidato presidencial que le plante cara a Morena, a través de una gran alianza de partidos en donde pragmáticamente caben todos.
Por cierto, las “claves” encontradas en el informe anual de labores de la presidenta del Tribunal federal electoral, sí fueron un reflejo real de su sentir sobre el caso Puebla y en el sentido del voto definitivo que ratificó como gobernadora a Alonso Hidalgo.
Aquí compartí con usted unas líneas en donde, abiertamente, Janine Otálora consideraba que la elección a gobernador había alcanzado ya las condiciones de “certeza y legalidad” deseables en una democracia, con el simple conteo de votos ordenado por la Sala Superior en los 26 distritos electorales.
De esta manera, desechaba de facto la impugnación presentada por Morena sobre la vulnerabilidad de la cadena de custodia, parte central del proyecto de resolución presentado a su vez por el magistrado Vargas Valdez.
También la Suprema Corte le plantó cara a López Obrador y le puso un serio obstáculo a su proyecto de 4ta transformación, al frenar la Ley de Remuneraciones de los servidores públicos, parte medular de la estrategia de austeridad que desde campaña prometió.
Pocos días después de su triunfo, se empezó a gestar una rebelión de jueces y magistrados que derivó en la presentación de amparos masivos en contra de las modificaciones legales aprobadas en el legislativo federal.
A finales de julio, también le comenté en este espacio, que el primero de estos “llamados” se dio con fecha del 9 de aquel mes y era un documento en donde se giraba una “invitación” hecha por Héctor Vázquez Ferzuli, Juez Decimosexto y coordinador de jueces de distrito de procesos penales federales en la Ciudad de México, para que los titulares de los juzgados de distrito le hicieran llegar a él sus inquietudes y molestias sobre el nuevo modelo de austeridad republicana, ya que al otro día todos los coordinadores de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito tendrían una reunión con el Ministro Presidente, Luis María Aguilar Morales.
A partir de ahí, fueron muy frecuentes las reuniones llevadas a cabo para definir una estrategia legal efectiva que les permitiera a jueces y magistrados mantener los privilegios que supone pertenecer a la burocracia dorada nacional.
Las reacciones del presidente, de su grupo político cercano y de sus seguidores y simpatizantes han sido furiosas, demoledoras, en algunos casos hasta extremas.
Curiosamente, son los mismos que durante los regímenes del llamado PRIAN, pedían a gritos que en México se diera la tan ansiada división de poderes.
Y lo que falta por ver.
Bendita congruencia.
