Por Valentín Varillas
Urge que el congreso estatal continúe tomando medidas radicales en aras de terminar con la privatización del servicio de agua potable y alcantarillado en la capital y 7 municipios conurbados.
Los abusos han sido descarados, desde el origen mismo de la concesión, hasta la filosofía de operación de la empresa que, por un tema de favores políticos, resultó beneficiada con la medida.
Cuando el congreso del estado procedió a las modificaciones a la Ley del Agua, se le vendió a la opinión pública que se tenía un organismo operador quebrado, con números rojos y un altísimo nivel de cartera vencida.
Que en estas circunstancias, el estado se veía imposibilitado a cumplir con la obligatoriedad de otorgar el servicio y de realizar las inversiones necesarias para garantizar el abasto en el mediano y largo plazos.
Sin embargo, la verdadera auditoría realizada al SOAPAP mostraba una realidad completamente distinta.
Se trataba de una instancia que había recuperado cartera hasta en un 75% en los meses previos a la privatización y cuyas finanzas evidenciaban una radical y contundente mejoría.
Jamás se tomó esta auditoría como base sólida para la toma de decisiones por parte de los legisladores locales.
Estos, simplemente actuaron por consigna y siguieron al pie de la letra las órdenes que se les dieron desde el ejecutivo.
A la par, la empresa beneficiada con la concesión, desde el principio, decidió implementar una política de perjuicio constante a los usuarios, sabedores del monopolio del que gozan.
El abuso intencional en los cobros por concepto de agua potable, en ese entonces fue ordenado por Domingo Blanco y su hijo Daniel, cabezas visibles de Concesiones Integrales en Puebla.
La directriz fue clara, concisa y se mantiene hasta la fecha: cobrar un sobreprecio a todo, absolutamente todo.
Tarifas habitacionales sin importar el estrato social, tarifas comerciales, industriales, factibilidades, etc.
Cualquier cobro tiene que llevar un aumento de mínimo 200 y máximo 300%, dependiendo del monto total a requerir.
La estrategia se basa en una premisa que por historia demuestra que poco menos del 50% de quienes son víctimas de un abuso como éste, sigue los procedimientos establecidos para reclamar.
De esta manera, la familia Blanco calculó que saldría impune de más de la mitad del total de casos en donde los cobros son injustos, lo que significa en los hechos cientos de millones de pesos mensuales adicionales para su empresa.
Y no se equivocó.
El comportamiento anterior se da sobre todo en clases acomodadas, no acostumbradas al reclamo y que por un asunto de mantener el “prestigio” y el “buen nombre” evita a toda costa el riesgo de ser exhibido como moroso.
El encargado de revisar que la estrategia se aplicara al pie de la letra fue el abogado Alejandro Manuel Márquez, representante legal de Concesiones Integrales, quien tenía a su cargo a un buen número de abogados “importados” de la Ciudad de México, responsables de llevar los casos que se presenten en tribunales.
Traer profesionales de la capital del país tenía una razón de ser: que no conocieran a nadie en Puebla y así eliminar el amiguismo, el compadrazgo, el pago de favores y los posibles compromisos.
Además, un punto importante fue la reducción al mínimo posible del personal que atiende quejas y reclamos.
De esta manera, el tiempo para ser atendido creció de forma exponencial, facilitando la posibilidad de que el quejoso se hartara de esperar y decidiera no formalizar su reclamo.
En este contexto, queda claro que el sobreprecio en las boletas de cobro por concepto de agua no ha sido producto de un error, sino de una política empresarial.
El peor escenario, el de que con la privatización el agua potable se convirtiera en un artículo de lujo, se ha cumplido a cabalidad.
Hoy, el comúnmente llamado “vital líquido” se vende con criterios similares a los del crimen organizado o la mafia siciliana.
Y lo peor, la empresa beneficiada se comprometió contractualmente a realizar una serie de millonarias inversiones para garantizar el abasto de agua y no ha cumplido.
El desabasto es la constante y el encarecimiento permanente.
El negocio ha sido enorme para los beneficiados y se inserta en una serie de compromisos y complicidades signados en su momento entre el presidente Peña y el gobernador Moreno Valle.
Lo demás, simple y llanamente, les valió madres.
