Emanuel Soto | @Emanuel_soto16
Por unanimidad de votos, el Congreso del Estado de Puebla aprobó una reforma a la Ley Orgánica Municipal devolviendoles así a las juntas auxiliares la facultad de administrar y operar los registros civiles, facultad que se les fue retirada en 2013 por iniciativa del panista Mario Riestra Piña y que les fue parcialmente devuelta en 2016 durante la administración el exgobernador Rafael Moreno Valle.
La reforma presentada por la diputada de Morena, Vianey García Romero contempló un cambio a las fracciones XVII del artículo 91 y fracción IX del numeral 231 invistiendo así a los presidentes municipales y auxiliares como jueces del registro civil de las personas por ministerio de ley y precisando que estos mismos, serán responsables penal y administrativamente por las faltas en las que incurran durante la prestación del servicio de registro civil.
La propuesta que contó con el respaldo de las fracciones de Encuentro Social, Partido del Trabajo, Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista, Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, Partido de la Revolución Democrática, Nueva Alianza y Compromiso Por Puebla, se fundamentó en una petición de la ciudadanía a raíz de que para obtener algún trámite, estos tenían que acudir a las cabeceras municipales o distritales hasta encontrar un Centro Integral de Servicios así como para evitar que dichos trámites de ley sean utilizados con fines políticos.
Durante la hora y media de discusión, los diputados de las diferentes fuerzas políticas hicieron un llamado para que no se lucre con el tema de las juntas auxiliares de cara a las elecciones en las diferentes demarcaciones, pidieron respetar las tarifas establecidas en las leyes de ingresos y a entregar reportes de su trabajo.
Piden emitir alerta de género en el Estado
Asimismo y por unanimidad de votos, el Congreso local exhortó a la Secretaría de Gobernación a emitir la Alerta de Violencia de Género (AVG) en el estado y y al gobernador Antonio Gali a pronunciarse a favor, esto tras exponer que esta, ha sido solicitada cinco veces, siendo negada en dos de ellas, situación que ha generado que en lo que va del año se registren 65 probables feminicidios y en los últimos seis años se han acumulen más de 400 casos.
La discusión por la activación del protocolo se originó ente las bancadas de Juntos Haremos Historia y Por Puebla al Frente, ya que los primeros aseguraron que los gobiernos de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad fueron omisos en el combate de la violencia de género y los acusaron de ser “indolentes” ante la ola de asesinatos y violencia, además de acusarlos de minimizar e incluso querer ocultar el problema.
En tanto que los segundos, defendieron la gestión de Moreno Valle y Gali Fayad al recordar que implementaron programas para prevenir la violencia contra las mujeres como “De Una Vez por Todas”, la puesta en marcha de una app para denunciar el acoso, capacitar a los choferes de transporte público e incluso habilitar una línea telefónica para recibir reportes las 24 horas del día.
En el exhorto, también se aprobó incluir las 32 recomendaciones que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género (Conavim) envió a al Gobierno del Estado para frenar los feminicidios, esto a petición de la diputada priista Rocío García Olmedo
