Por Valentín Varillas
Uno de los saldos más negros que arroja el sexenio de Enrique Peña Nieto, es el paraíso de impunidad que disfrutaron las bandas dedicadas al robo de combustible de Petróleos Mexicanos.
Mientras mediáticamente se ensayó una enorme farsa, en donde se vendía que se tomaban con toda dureza las medidas necesarias para combatir este delito, en los hechos ni uno solo de los auténticos peces gordos del “huachicol” acabó realmente pagando ante la ley por su ilícita actividad.
Como broche de oro de cierre de administración y reforzando esta burda puesta en escena, hace unos meses, el ejecutivo federal dio la orden a sus alfiles legislativos de operar modificaciones legales que consideren mayores penas de prisión para quienes participen en el robo o distribución del energético.
Mientras, los huachicoleros actúan libremente en puntos de sobra conocidos por las autoridades y el producto robado se vende a plena luz del día a pie de las carreteras más importantes del centro y norte del país.
Cuando este tema se convirtió en un escándalo mediático que pegó directamente en la imagen y estabilidad del gobierno de la República, era necesario simular golpes espectaculares.
Vistosos operativos en donde en teoría eran detenidos los capos de capos de la mafia huachicolera y en donde supuestamente se erosionaba el núcleo mismo de esta multimillonaria actividad.
En Puebla vimos algunos de ellos.
El caso de Othón Muñoz Bravo “El Cachetes”, por ejemplo.
O el de Pablo Morales Ugalde, ex edil de Palmar de Bravo.
También el de Rafael Núñez en San Martín Texmelucan.
¿O qué tal el de los Valencia Ávila en Venustiano Carranza?
Othón estuvo preso poco tiempo, pero por delitos no relacionados con el robo de combustible.
Jamás lo acusaron de ello.
Mientras estuvo en la cárcel, PEMEX “ahogó” sus cuatro gasolineras reduciendo al mínimo el abasto de combustibles.
Cuando salió de la cárcel en la recta final del 2017, en plena época de definiciones electorales en Puebla, regresó con más fuerza al negocio, al grado de que realizó los trámites legales necesarios para operar ahora bajo la marca “Max Fuel”.
Hoy sus intereses económicos están a salvo y su patrimonio goza de cabal salud.
Se da por hecho que Morales Ugalde saldrá muy pronto de prisión y podrá echar a andar también sus expendios de gasolina, los cuales hoy están prácticamente abandonados.
Núñez Ávila, a pesar de tener infiltrada a su policía por el crimen organizado, más allá de su destitución, goza de cabal libertad.
Igualmente pasa con los Valencia Ávila.
El edil saliente no tiene cuentas con la justicia, tampoco su hermano, quien apenas tomó protesta como presidente municipal y la cónyuge del primero, quien a pesar de haber sido detenida hace unas semanas, hoy enfrenta su proceso legal en libertad.
Antes, en el sexenio de Moreno Valle, en el 2015, dos incondicionales del entonces poderosísimo Secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas, el director de la policía estatal, Marco Antonio Estrada López y el influyentísimo jefe de Operaciones Especiales, Tomás Méndez Lozano, fueron detenidos por el ejército, acusados de proteger a las bandas relacionadas con el “huachicol”.
Al final, no pasó nada.
Jamás se abrió una investigación en contra del funcionario poblano y los entonces detenidos hoy están en libertad.
Como cereza de este penoso pastel, el gobierno federal acaba de otorgar concesiones para transportar y vender gasolina a Juan Manuel Muñoz Luévano “El Mono Muñoz”, actualmente detenido en España y quien es investigado por la PGR por ser el presunto operador de una red de robo de combustible a PEMEX.
Increíble.
También hay otros operativos que jamás dan resultados.
Por ejemplo, los que en teoría se llevan a cabo para la detención de personajes como “El Bukanas” o “El Toñín”, piezas clave en el esquema delictivo del huachicol poblano.
Con bombo y platillo se anuncia siempre que se les busca afanosamente, pero de manera misteriosa, la nota no es su inminente aprehensión, sino la manera en la cual lograron escapar.
El tufo del involucramiento de autoridades de todos los niveles en el esquema de protección de los capos huachicoleros es evidente.
El ahora flamante edil de Quecholac, José Alejandro Martínez Fuentes, a principios de mes, encabezó, junto con habitantes de Palmarito Tochapan, el bloqueo de la autopista Puebla –Orizaba, como reclamo a los operativos que las fuerzas armadas llevan a cabo en esa comunidad para combatir el robo y venta de combustible.
Impunidad, complicidad por todas partes.
El robo de combustible ha llegado para quedarse.
Florece cada vez más, conforme el tiempo pasa, y los gobiernos y partidos también.
Su capacidad corruptora hace que todos, ciudadanos y autoridades, civiles y militares caigan rendidos ante sus encantos.
Lo demás es, simplemente, atole con el dedo.
