Por Valentín Varillas
En enero de 2011, en plena recta final del sexenio de Mario Marín Torres, el gobierno federal ordenó llevar a cabo una auditoría al Centro de Control y Confianza, dependiente del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
El objetivo: analizar los resultados de las pruebas de confianza aplicadas en 2008, 2009 y 2010 a los miembros de las distintas corporaciones policiacas locales.
Había un especial interés en revisar el período de Agosto a Diciembre del 2010.
Aparentemente, los números resultaban impecables.
De acuerdo con los estándares normales de evaluación y los criterios de interpretación de las pruebas, al gobierno de la República se le presentaron números que indicaban que Puebla tenía una policía ejemplar, con uniformados de probada confiabilidad, muy por encima inclusive de la media nacional.
De lo que nunca se enteraron los auditores del gobierno federal, es que los buenos resultados obtenidos por los elementos locales se debían a la alteración de los datos reales que arrojaban las pruebas de confianza.
Y es que, lo que realmente mostraron fue penoso.
El porcentaje de elementos que de plano las reprobaron era altísimo.
Nada que ver con lo que se vendía en el discurso oficial.
Para evitar el ridículo y un consecuente despido masivo de elementos del orden en el estado, había que hacer algo rápido, contundente.
No existía otro camino más que la falsificación.
La orden la dio la entonces directora del consejo, Lourdes Nares Rodríguez, quien delegó la responsabilidad operativa de alterar los resultados a María de Lourdes Rosales Martínez, que en ese tiempo fungía como Directora del Centro de Control y Confianza (C3).
Para ello, echaron mano de todo el personal administrativo que laboraba en el Consejo, quienes tuvieron que alterar, con su puño y letra, las evaluaciones realizadas a los uniformados.
No todos se prestaron a semejante farsa.
Algunos se negaron a llevar a cabo la alteración de las pruebas, con el riesgo de sufrir las consecuencias.
Ante la falta del personal suficiente para realizar la alteración, Rosales Martínez y Nares procedieron a la contratación inmediata de estudiantes de varias universidades, necesitados de un lugar en donde realizar sus prácticas de servicio social.
Pagaron 1,500 pesos quincenales del presupuesto del Consejo a cada uno de ellos.
De todo esto, en su momento, existieron pruebas documentales.
Más de 100 cajas que por años durmieron el sueño de los justos en una bodega ubicada en la 31 Poniente, en el número 1717 de la Colonia Volcanes.
Es claro que hasta la fecha, los ciudadanos seguimos sufriendo por la manipulación y alteración a modo de las “infalibles” pruebas de confianza.
Con una frecuencia espantosa, vemos historias en donde elementos de distintas corporaciones policíacas se ven envueltos en la comisión de los más diversos crímenes.
Hoy, con este antecedente y el fracaso a cuestas que resultó la Academia de Formación Policíaca Ignacio Zaragoza, María de Lourdes Rosales Martínez se estrena como la responsable de la seguridad pública en el municipio de Puebla, por los próximos tres años.
En el gobierno que haría las cosas distintas, diferente, por lo menos en lo que corresponde al combate a la delincuencia -la principal preocupación de los que aquí habitamos-, no se ve que nada vaya a cambiar.
