Por Shanik David
La obtención de la versión pública del titulo de concesión que se dio a Concesiones Integrales para el manejo del servicio de agua potable es sólo parte de un litigio estratégico emprendido por Dale la Cara al Atoyac desde marzo de 2017, con el que se busca que los tres niveles de gobierno cumplan con su obligación del saneamiento del río.
Esto lo explicó Verónica Mastretta Guzmán, integrante de la asociación, al señalar que fue desde el principio del juicio de amparo que se pidió acceso al titulo de concesión, pero el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) se negó de manera reiterada.
De esto incluso se da cuenta en el portal del Consejo de la Judicatura Federal, pues en los acuerdos emitidos por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México en relación al expediente 303/2017 se detalla que fue desde junio del año pasado que se ordenó la entrega de este documento, pero el organismo estatal presentó una serie de recursos para negarse a difundirlo.
Ahora, con la decisión del juez de que se permitiera el acceso a la organización a este expediente, se tendrán más herramientas para exigir a las autoridades que cumplan su obligación, comentó Mastretta Guzmán.
“Era necesario conocer cómo estaba la concesión para saber qué se había concesionado, qué tenían derecho a hacer y cómo opera el fideicomiso que maneja los ingresos”, comentó la ambientalista.
Entre los primeros hallazgos que se han tenido es que dentro de este contrato no se establecieron mecanismos de contraloría social o de rectoría por parte de las autoridades a la empresa, lo cual incluso ha debilitado la operatividad del SOAPAP.
Esto, explicó, pues si bien el organismo operador “tiene buenos elementos”, en la actualidad depende económicamente de los pagos que le hace mensualmente la empresa, por lo que las valoraciones que hace de la actuación de la concesionaria no son autónomas.
Otro problema, agregó, es que si bien el SOAPAP opera con los pagos que hacen los usuarios de la ciudad de Puebla, a raíz de los convenios y falta de vigilancia, los municipios de la zona conurbada se han colgado de la red de drenaje sin aportar recursos.
Mencionó, por ejemplo, el caso de San Andrés Cholula que a pesar de cobrar directamente el servicio de saneamiento de agua a los ciudadanos, no cuenta con una planta tratadora, por lo que sus aguas residuales acaban en el sistema del municipio de Puebla.
Ante este escenario, insistió, es necesario que antes de que las autoridades tomen decisiones en relación a la cancelación del la concesión, primero se revise a profundidad el contrato que se adjudicó en 2013, para evitar un colapso en el sistema ante algún cambio administrativo.
“Yo no estoy a favor o en contra de la concesión, sólo que haya una rectoría de parte de las autoridades”, sentenció Mastrtetta Guzmán, al señalar que en general ha habido una omisión de parte del gobierno para vigilar la actuación de la empresa.
Hay que precisar que en el juicio de amparo 303/2017 se señala como acto reclamado “acciones u omisiones de las autoridades que tienen como resultado la contaminación de los cuerpos de gua que integran la Cuenca Hidrológica Río Atoyac”, por lo que a pesar de que se tuvo acceso al contrato, el proceso jurídico sigue en pie.
