Por Valentín Varillas
Una sofisticada red de personajes que se dedican al fraude inmobiliario, ha encontrado en Puebla un auténtico paraíso para operar.
Lo hacen cada vez con un mayor volumen de ilícitos y gozan de la más absoluta impunidad.
Faltaba más.
Ejemplos de las consecuencias de sus actos, sobran.
Algunos de ellos se hacen públicos.
La gran mayoría no.
Existen distintas modalidades de fraude, no todos se llevan a cabo utilizando la misma logística.
Hay quienes tienen como protagonistas supuestas organizaciones ciudadanas que, bajo el argumento de la supuesta defensa de sus agremiados, invaden propiedad privada con total premeditación, alevosía y ventaja.
Sus líderes, protegidos por sus cientos de paracaidistas y golpeadores, actúan confiados en el costo político y de imagen que supone para las autoridades el llevar a cabo desalojos violentos de predios invadidos.
Saben también que mediante el intercambio de favores, sobre todo de tipo electoral, están también protegidos.
Bajo esa lógica, se vuelven prácticamente intocables.
Otros más, son operados por individuos que en los hechos fungen como “halcones”.
Buscan predios con ubicación estratégica en términos de valor comercial o habitacional y los promueven como suyos.
Amparados en falsificadores profesionales y notarios sin escrúpulos, muestran documentos apócrifos que en teoría los acreditan como los legítimos propietarios.
En las mismas oficinas de los fedatarios públicos se cierran las operaciones de compra-venta.
El problema aparece cuando el comprador, ajeno a toda esta criminal logística, intenta tomar posesión del bien inmueble que adquirió, por el que desembolsó una millonaria cantidad de dinero.
Ahí es cuando aparecen las escrituras originales y demás pruebas de que, quienes cobraron por los predios no eran realmente sus dueños.
Y es entonces cuando llegan los juicios.
El verdadero propietario tiene que gastar en la defensa legal de su patrimonio y esperar años para poder disponer de este sin ningún tipo de restricción.
El incauto que pagó, se enfrenta a la labor titánica de dar con la identidad real de quienes lo timaron e intentar recuperar su dinero, algo que en los hechos resulta prácticamente imposible.
Mientras, el notario ya cobró por sus “servicios”, los defraudadores se llevaron su lana y nuestro estado, sigue siendo esa ley de la selva que es ejemplo de impunidad y debilidad institucional.
Ya lo ve, no sólo de Huachicol vive Puebla.
