Por Valentín Varillas
Antes de consolidar su amarre con el morenovallismo, Eduardo Rivera tuvo la oportunidad de sentarse con lo más granado de los miembros de “la mesa de estrategia”, ubicada en la colonia Polanco de la Ciudad de México.
Se trata, nada más y nada menos, del núcleo de toma de decisiones políticas de Andrés Manuel López Obrador.
El poblano fue llevado hasta allá por empresarios que forman parte del llamado “grupo de los cien” y por otros representantes de distintos sectores opositores a la continuidad del grupo de Moreno Valle, con derecho de picaporte con el hoy presidente electo de México.
El objetivo del encuentro era que Rivera fuera medido en la encuesta que se llevaría a cabo para definir al candidato del Movimiento a la gubernatura de Puebla.
Y es que, Lalo cumplía con todos los requisitos deseables para poder competir por la posición: amplios niveles de conocimiento, buena imagen y posicionamiento entre el electorado potencial, experiencia en el servicio público y sobre todo, enormes y aparentemente irreconciliables agravios con Rafael y sus secuaces.
La reunión, juran los testigos, se llevó a cabo en un inmejorable ambiente.
En teoría, más que diferencias, lo que existieron fueron importantes coincidencias entre uno de los más ortodoxos representantes de la derecha poblana y la nueva izquierda nacional.
Uno de los temas centrales fue la persecución política que sufría Rivera, disfrazada de un procedimiento legislativo que, en ese momento específico, podía afectar seriamente su carrera y futuro políticos.
“Protección ante los abusos de Moreno Valle”, fue la petición concreta y textual que ahí se hizo.
Y qué mejor manto protector que la candidatura opositora que podría arrebatarle al ex gobernador poblano su obsesivo coto de poder.
El acuerdo primero fue que, de entrada, se darían tiempo.
Que al cabo de unas semanas de madurar el asunto se haría otro encuentro para revisar las condiciones de un posible y más profundo entendimiento en lo político y tener ya una respuesta por parte de Rivera a su posible participación en el ejercicio estadístico mediante el cual se elegiría al candidato.
De paso, alguien deslizó también la posibilidad de que el ex edil fuera parte de la fórmula que competiría por el Senado de la República por Morena, por si el otro escenario representaba un cambio demasiado radical para él.
En el entretiempo, Lalo se sentaría a platicar con un selectísimo grupo de miembros y operadores de Morena en Puebla que cuentan con la confianza absoluta de López Obrador.
Y se actuó en consecuencia.
El guión se siguió al pie de la letra hasta que, en los círculos políticos y mediáticos locales, se empezó a manejar la posibilidad de que Rivera fuera el candidato de la izquierda, a partir de la filtración de dichos encuentros.
Esto prendió los focos rojos del morenovallismo que, a su vez, comenzó a operar de inmediato.
Las ofertas de impunidad y el arrecio de los típicos mecanismos de presión, característicos del ex mandatario y sus operadores, parece que pegaron fuerte en el ánimo rebelde y opositor de Rivera Pérez que, muy en corto, decidió regresar al redil y sabotear su incipiente ensayo de mutación ideológica.
No hubo un segundo encuentro en aquella selecta pero poderosísima “mesa de estrategia”.
Ni tampoco se manejaron, de frente, las razones de no aprovechar una oportunidad histórica para cualquier político con aspiraciones.
El tema quedó simplemente ahí.
Imposible saber cómo le hubiera ido a Lalo de haber aceptado la oferta de Morena.
Una elección como la del 1 de julio, en donde la izquierda ganó abrumadoramente en Puebla la enorme mayoría de los cargos que estuvieron en disputa, más el posible voto del panismo duro a favor de Rivera, tal vez hubiera puesto las cosas de tal manera que la alquimia electoral oficial, pudiera no haber alcanzado para garantizar la continuidad y de paso eliminar el fantasma de la judicialización.
Mientras, el primer acuerdo de RMV con Lalo ya se cumplió: la aprobación de su cuenta pública correspondiente al 2013.
