Por Shanik David
El nombramiento de José Montiel Rodriguez e Ignacio Gaván Zenteno como magistrados del Tribunal Superior de Justicia generó críticas entre activistas y actores políticos, por los vínculos que ambos personajes tienen con el grupo en el poder y cómo esto puede afectar su desempeño.
Por un lado, Carolina González Barranco, vocera del Comité para la Libertad de los Presos Políticos, cuestionó la autonomía que tendrán los nuevos magistrados tomando en consideración sus antecedentes.
En particular se refirió a la designación de José Montiel Rodríguez, quien fuera subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno desde la administración de Rafael Moreno Valle, y que habría participado en la “fabricación de delitos” en contra de activistas y miembros de organizaciones sociales.
Si bien González Barranco reconoció que no se tienen pruebas que vinculen al exfuncionario con esta persecución que se dio desde el gobierno del estado, la subsecretaría que encabezó tuvo una participación directa en la apertura de los expedientes en contra de líderes de organizaciones sociales.
Es más, recordó que muchos de estos casos siguen abiertos en el TSJ, lo cual implicaría un conflicto de intereses de parte del nuevo magistrado, pues no se sabe si “estará del lado de las víctimas o del gobierno”.
Además, consideró que estos nombramientos son parte de una estrategia del gobierno actual de “cubrirse las espaldas” ante la incertidumbre que existe en relación a quién encabezará la próxima administración estatal.
Ante este escenario, la activista consideró necesario que el gobernador José Antonio Gali Fayad explique públicamente por qué propuso a estos perfiles para integrarse al TSJ, cuáles son sus cualidades y qué garantías tiene de que desempeñarán un trabajo correcto e independiente en este nuevo encargo.
Por su parte, Gabriel Biestro Medinilla, dirigente estatal de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y diputado local electo, se comprometió a que, en la próxima legislatura, se hará una revisión de los nombramientos de los magistrados y se vigilará que éstos cumplan con sus obligaciones con apego a la ley.
Aseguró que el hecho de que el Congreso haya sacado estas designaciones en fast track responde a que se trató de un “pago de lealtades” por su cercanía y lealtad con el exgobernador Rafael Moreno Valle.
Incluso dijo que una vez que se dé el cambio de legislatura local y federal se emprenderá una estrategia conjunta para “desmantelar el morenovallismo en Puebla”, para lo cual se presentarán iniciativas y puntos de acuerdo por parte de los integrantes del Congreso de la Unión y el Congreso del Estado.
“Sabemos las limitaciones que hay y de qué se están aprovechando para dejar planchado todo”, insistió el también próximo coordinador de los diputados locales de Morena.
Para esto, dijo, se recurrirá a la facultad que tiene el Congreso para abrir todos los expedientes que tiene en su poder, de modo que se transparenten no sólo los procesos que se lleven a cabo en la siguiente legislatura, sino también aquellos que se dieron bajo la actual integración del legislativo.
