Por Valentín Varillas
Santiago Nieto Castillo, será quien lleve la responsabilidad principal en la estrategia de defensa de la elección poblana en tribunales para el Movimiento de Regeneración Nacional.
Al haber sido titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la PGR, cumple de manera absoluta con los requisitos de idoneidad necesarios para entregar buenas cuentas.
Conoce perfectamente las acciones tradicionales que se ensayan históricamente en cada elección, a lo largo y ancho del territorio nacional, para violar las condiciones de equidad e igualdad de participación y por el otro, sabe cómo contrarrestar el trabajo de los “especialistas” en sacarle provecho a las lagunas de la ley electoral.
En teoría, tiene todo lo necesario para cumplir con la misión que le encomendaron los altos jerarcas de la izquierda nacional: que la máxima autoridad electoral del país, el TEPJF, emita un dictamen de nulidad en el proceso que llevó a la gubernatura de Puebla a Martha Érika Alonso Hidalgo.
Y juran los enterados que hay tela de sobra de dónde cortar.
La columna vertebral del trabajo de Nieto Castillo se centrará en varios puntos, todos ampliamente señalados y analizados durante el desarrollo del proceso del 1 de julio pasado.
Entre ellos, aseguran, existen auténticas minas de oro, verdaderos garbanzos de a libra.
Por ejemplo: el misterio del medio millón de votos de diferencia entre la elección federal y la elección local, habiendo un índice de participación ciudadana mayor por 4 por ciento en la segunda, con respecto a la primera.
-La presencia de sicarios y gatilleros que detonaron armas de fuego y robaron paquetes electorales de varias casillas instaladas en territorio poblano.
-La sospechosa manera en la que la autoridad electoral dilató en dar a conocer su conteo rápido y las supuestas irregularidades en el llenado de actas, lo que alimentó el PREP con números que en teoría no corresponden a los votos reales.
-Las monumentales diferencias entre las encuestas de salida realizadas por cuatro diferentes empresas y el famoso conteo rápido del instituto.
-La impugnación del resolutivo de la Fepade, en el sentido de que la documentación encontrada en el Hotel MM era legal.
-La quema de papeles relacionados con la elección en la cocina de ese hotel.
-La presencia de Omar Blancarte, funcionario de la Secretaría de Gobernación, en actividades de competencia exclusiva de los partidos políticos de la alianza Por Puebla al Frente.
-La presencia del magistrado del Tribunal Superior de Justicia del estado, Israel Mancilla, en las mismas actividades ajenas a su desempeño como servidor público.
-La utilización de vehículos oficiales de municipios al interior del estado y de dependencias públicas para fines partidistas.
Todo esto, más las pruebas que vayan acumulando y que se integrarán a los expedientes correspondientes.
La presencia de Nieto Castillo en Puebla, durante el desarrollo de la elección de hace ocho días no fue casual, estaba fríamente calculada y fue ordenada directamente por Andrés Manuel López Obrador.
Y es que, en el presupuesto electoral nacional de Morena, Puebla era un auténtico foco rojo de peligro en términos de un potencial fraude electoral.
Ese domingo, Nieto Castillo y su gente se dedicaron única y exclusivamente a recabar la mayor cantidad de información posible sobre el desarrollo del proceso en el estado, sabedores de antemano que una judicialización del proceso para elegir gobernador era inminente.
Y no se equivocaron.
Santiago Nieto Castillo fue destituido por el presidente Peña y su pandilla, como castigo por intentar llegar a fondo en el pago de sobornos de la empresa Obedrecht a personajes que fueron parte importante en la campaña de éste en el 2012, como Emilio Lozoya.
Hoy, con el caso Puebla, puede tener su revancha.
¿Le alcanzará?
