Por Shanik David
Integrantes del Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión Social en Puebla lamentaron la decisión de la Procuraduría General de la República (PGR) de cerrar la investigación en contra del exgobernador Rafael Moreno Valle por la denuncia por espionaje telefónico que se presentó en su contra en agosto del año pasado.
Carolina González Barranco, vocera de la agrupación, refirió que esto es un “simple acto de complicidad” entre las autoridades federales y el exmandatario local pues se deja en la impunidad un tema que afecta a la sociedad.
Con esto, agregó, se manda el mensaje de que “es normal que un funcionario compre aparatos de espionaje que se venden para ubicar a terroristas, y de pronto los disientes podemos ser catalogados como terroristas”.
Agregó que hoy en día pareciera que los activistas y los defensores de derechos humanos “son más criminales que los criminales”.
Por esto destacó la necesidad de que aquellos que participan en la actual contienda electoral emitan posicionamientos concretos en relación a este tema pues pareciera que se podrían “favorecer los esquemas de impunidad y represión y que las cosas se mantengan ocultas”.
Algo similar expresó Miguel Ángel Rosas Burgess, quien calificó como “paradójico” que el gobierno estatal haya usado estos equipos para espiar a activistas y personajes de la vida pública, de quienes “se detectó muchísima información”, pero “de los huachicoleros no hubo absolutamente ninguna eficacia”.
“Gane quien gane no vamos a quitar el dedo del renglón” añadió el activista al reconocer que se tiene esperanzas de que “en el próximo sexenio las cosas cambien” en caso de darse un cambio en el gobierno estatal y federal, aunque evitó posicionarse a favor de algún candidato o partido político en concreto.
