Por Valentín Varillas
Cada vez que usted recibe en su teléfono celular o en el de su domicilio llamadas o mensajes con contenido político, se comete un delito.
Lo grave es que, esa violación a la Ley de Protección de Datos Personales, lo llevan a cabo candidatos y partidos que en campaña se visten con el traje de la honestidad y la decencia en aras de conseguir votos.
Sí, quienes tendrían que poner el ejemplo en términos de respeto al estado de derecho, no tienen empacho en recurrir al mercado negro de bases de datos personales para invadir nuestra privacidad y atiborrarnos con propaganda a favor o en contra de alguna de las ofertas electorales que compiten en esta coyuntura.
Así de claro.
Estas pandillas insertadas en los “war-rooms” de los diferentes candidatos, se mueven bajo la lógica del crimen organizado.
Ese que también compra información personal para llevar a cabo secuestros o extorsiones.
Son en los hechos, prácticamente lo mismo.
Lo peor es que, como ciudadanos, no contamos con ningún tipo de ayuda que nos permita combatir los abusos de nuestros aspirantes a un cargo de elección popular.
No en lo que a política se refiere.
Por ejemplo, en el caso de venta y promoción de productos y servicios ofrecidos por bancos e instituciones financieras, o de seguros reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Condusef ofrece un mecanismo efectivo de “protección” contra llamadas no deseadas y en donde basta inscribirse vía telefónica a una base de datos para dejar de ser molestados.
En el tema de la propaganda electoral vía telefónica, no existe un mecanismo similar.
Mucho menos en cuanto a los mensajes enviados directamente a teléfonos celulares, ya que se usan cientos de líneas para su envío y así se evita que los destinatarios puedan bloquearlos.
Quienes hoy pretenden gobernarnos no tienen empacho en privilegiar la ilegalidad con tal de obtener alguna ventaja en la lucha por el poder.
Lamentable.
Lo anterior pudiera parecer una minucia en términos de la práctica política real, pero no lo es.
Nos muestran a candidatos y partidos autoritarios, caprichosos y tramposos, muy poco sensibles al derecho ciudadano de respeto a la privacidad.
¿Se los imagina si llegan al cargo?
Lo que no quieren ver los estrategas electorales es que el rechazo a estas prácticas es casi generalizado, lo que ocasiona un efecto contrario al que se pretende originalmente.
A nadie le gusta ser molestado en sus números privados y mucho menos, que su información personal se vuelva un tema de dominio público y esté a disposición de cualquiera.
En este contexto, vale la pena registrar muy bien quiénes son los partidos y candidatos que recurren a esas estrategias y evitar, a toda costa, votar por ellos.
