Por Shanik David
A lo largo de 2017, dos mil 588 mujeres acudieron al Centro de Justicia para las Mujeres de la ciudad de Puebla para denunciar algún tipo de violencia, lo que significa que cada 3 horas una poblana denunció las agresiones sufridas en diferentes ámbitos.
Esto se detalla en el Primer Informe de Gobierno de José Antonio Gali Fayad, en donde se explica que estas mujeres recibieron entrevistas iniciales sobre su situación, tras lo cual todas recibieron al menos una sesión de asesoría psicológica -pues se reportan dos mil 999 atenciones derivadas de estas denuncias-, mil 978 orientaciones jurídicas e incluso 681 tuvieron cursos de empoderamiento para tomar “ el control sobre su propia vida y entorno (económico, personal y educativo)”.
Esto se señala dentro de las acciones tomadas para la Procuración de Justicia con Perspectiva de Género, incluidas dentro del Eje 4 “Tranquilidad para Tu Familia”, además de que se reporta que el 14 de febrero del año pasado se inauguró un segundo Centro de Justicia para Mujeres en el municipio de Puebla.
En esta unidad se atendieron a 777 mujeres -un promedio de dos diarias-, “quienes después de narrar la situación por la que atravesaban en su vida, según su caso, recibieron 794 orientaciones jurídicas, 563 atenciones psicológicas, 441 orientaciones médicas”.
Esto contrasta con la atención de manera emergente que se puede dar a este tipo de situaciones, la cual está a cargo, por ejemplo, de la Unidad de Atención Inmediata Mujer Poblana Libre de Violencia de la Secretaría de Seguridad Pública, la cual se lanzó hacia finales de agosto del año pasado.
En el informe se indica, en términos generales, que esta unidad cuenta con 34 policías “capacitados en temas de equidad de género, los cuales se encuentran repartidos en 6 sectores para apoyar a las mujeres que solicitan ayuda a través del 9-1-1”.
Al cierre del año este grupo atendió a 43 mujeres que pidieron auxilio por una situación de violencia, lo que significa que sólo se brindó atención a una víctima de violencia cada dos días.
En cuanto a las acciones relacionadas con la prevención de la violencia en contra de las mujeres, llama la atención que de acuerdo con lo documentado en el informe, las principales estrategias se enfocaron a campañas informativas y capacitación de servidores públicos, así como la firma de acuerdos con instituciones públicas del sector educativo.
Por ejemplo, se indica que por medio del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) el Instituto Poblano de las Mujeres (IPM) lanzó una campaña en medios de comunicación para “brindar información que ayuda a mejorar el entorno y bienestar social del público meta, en temas como la cosificación de las mujeres”, además de que capacitó a servidores públicos para el uso de lenguaje incluyente y nuevas masculinidades.
También se reporta una campaña que lanzó el IPM en conjunto con empresarios restauranteros, con la cual se difundió información sobre la violencia en contra de niñas y mujeres por medio de manteles.
Además se destaca la presentación de 17 iniciativas ante el Congreso del Estado para reformar la Ley de Prevención, Atención y Sanción de la Violencia Familiar, de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, el Código Civil y el Código Penal.
Sin embargo, resalta que se presume que se “impulsó la Ley de Acoso y Hostigamiento Sexual”, la cual sólo fue anunciada por Gali Fayad en octubre pasado sin que se tenga información acerca del avance de la estructuración de la misma.
Otras medidas mencionadas son la modificación del Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio para el Estado Libre y Soberano de Puebla en el Sistema Penal Acusatorio, lo cual se justifica, es para acabar con la impunidad de los asesinatos de mujeres.
