Por Valentín Varillas
La orden de cortar el abasto de combustible a la primera estación se dio el lunes pasado.
Y así, poco a poco, durante el resto de la semana se repitió el mismo patrón hasta alcanzar las cuatro gasolineras que posee Othón Muñoz Bravo, el otrora influyentísimo “Cachetes”.
Ni una gota más, por orden de muy arriba, para las estaciones ubicadas en la carretera a Valsequillo, en aquella famosa curva en donde se encuentran las todavía más famosas “Piñas”, en Santo Tomás Chiautla, en la Diagonal Defensores de la República y la de La Ciénega, muy cerca del Centro de Readaptación Social de San Miguel.
La decisión tomada por Petróleos Mexicanos, desde el punto de vista del proceso legal que se sigue a Muñoz Bravo, parece por demás extraña.
Y es que, a pesar de que sus amigos políticos, cómplices y familiares saben que fue parte fundamental en la multimillonaria cadena que opera el robo y venta de combustible robado, oficialmente a “Tony”, un juez de Cholula lo vinculó a proceso por la comisión de delitos como posesión y portación de arma de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud en su modalidad de comercio.
Ninguno tiene relación directa con el famoso “huachicol”.
Raro, muy raro.
La intentona de la paraestatal de aniquilar estos negocios negándoles el abasto de combustible, parece un reconocimiento más que explícito de que en sus negocios, “El Cachetes” vendía gasolinas y diésel ordeñados de los ductos de Pemex.
Sin el vínculo jurídico que lo ligue directamente a estos delitos, la medida pareciera ilógica.
No lo es.
Ésta puede insertarse en la lógica de un endurecimiento del gobierno federal en términos del ex –gobernador Moreno Valle y parte de su grupo político, quienes tienen probados vínculos de cercanía y potencial complicidad con Muñoz Bravo.
Hace un par de días, en su columna que publica Reporte Índigo, el periodista Ramón Alberto Garza adelantaba una frontal cruzada ordenada desde la presidencia de la República, la que contiene expedientes producto de exhaustivas investigaciones hechas sobre la realidad del huachicol en la entidad, y las ligas de los poderosos con las redes delincuenciales que a esto se dedican.
El periodista, menciona además que la celeridad con la que las investigaciones han avanzado y la extraña eficacia con la que actúan instancias involucradas como la Comisión Nacional de Seguridad, la PGR, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, la Policía federal y el CISEN, responden a una exigencia presidencial de “desahogar el expediente del robo de combustibles”.
¿Por qué o para qué?- si se trata de un negocio que lleva varios años creciendo con la complicidad de autoridades de todos los niveles.
¿Con qué objeto la precisión quirúrgica -en términos del calendario político nacional- con la que se pretende “apretar” a un aliado presidencial que, por lo menos en apariencia, ha bailado al son de Los Pinos en esta coyuntura electoral?
¿Qué vieron, otra vez?
¿Un nuevo guiño de traición?
Más allá de que este expediente se haga público o bien se maneje en privado en función de los intereses del presidente Peña y su equipo, en los hechos se trata de un golpe durísimo al que por años ha sido el centro neurálgico del financiamiento de las campañas de los candidatos morenovallistas.
Y eso, no es cualquier cosa.
