Por Valentín Varillas
No fueron suficientes los más de 250 feminicidios ocurridos en Puebla durante los tres años finales de su mandato, para que Rafael Moreno Valle le ordenara a su siempre solícito y sumiso Congreso, que se llevaran a cabo las acciones necesarias para decretar en el estado una Alerta de Género.
Al contrario.
El término por si solo causaba un auténtico escozor en lo más alto del poder político poblano, al grado de que la orden concreta era jamás reconocer públicamente la magnitud del tema.
Es más, la línea consistía en negar obsesivamente que estas muertes violentas de mujeres en la entidad se dieran en un contexto tal que pudieran ser consideradas como feminicidios.
Mintieron en los hechos que arrojaban sus investigaciones para intentar bajar artificialmente el número de casos y minimizar así una preocupante realidad.
No les importó nunca que universidades y organizaciones no gubernamentales realizaran foros en donde participaron académicos y especialistas en el tema de la violencia de género –los más respetados del país-, en donde todos, absolutamente todos llegaron a dos conclusiones fundamentales: los asesinatos de mujeres debían de ser etiquetados como feminicidios y era por lo menos pertinente decretar esa Alerta de Género en Puebla, como medida de conciencia social y de prevención para evitar que más casos ocurrieran en territorio poblano.
En los hechos resulta prácticamente imposible saber el impacto real que una alerta de este tipo tiene en el número de asesinatos de mujeres que ocurren en una determinada entidad.
Sin embargo, resultaba evidente que era tiempo ya de ensayar una nueva estrategia de prevención, ante el enorme fracaso que arrojaba y sigue arrojando, el supuesto esfuerzo gubernamental para evitarlos.
El haber emitido una Alerta de Género, era considerado por los asesores y operadores del ex –gobernador como una mancha a un expediente político que se pretendía presentar como limpio e impoluto y perfilar de mejor manera el proyecto político transexenal de Rafael.
Es decir, un asunto de seguridad pública con aristas en lo social, cultural, antropológico y demás, siempre fue visto desde la oficina principal de Casa Puebla como un tema político.
Y cuidaron su costo a sangre y fuego, hasta el final.
A la par, se intensificaban campañas que pretendían concientizar a los poblanos sobre los beneficios de pagar puntualmente los impuestos, de no tirar basura en las calles, ríos y barrancas; de respetar los límites de velocidad y el reglamento de tránsito y demás temas que en los hechos resultan superfluos, si se comparan con la muerte de una sola mujer.
Paralelamente, el número de víctimas crecía exponencialmente:
Fracasaron rotundamente.
Amnistía Internacional, como reacción a la muerte de Mara Castilla, aseguró que la culpa del deceso era del estado.
Así es y así seguirá siendo.
La vida de Mara no vale más que la del resto de las mujeres que han sido asesinadas en el país desde hace décadas.
Debe ser, por fin, la gota que derrame el vaso de la indignación y el repudio social, para obligar a quienes tienen la tarea de brindar seguridad a los mexicanos y mexicanas, a que hagan su chamba.
Más allá de costos políticos, pésames, mea culpas y falsas indignaciones, se necesitan hechos concretos.
¿Tienen la capacidad?
¿Están a la altura?
Vaya prueba la que tienen por delante.
