Por Shanik David
Al considerar que sería un retroceso hacer los cambios al sistema penal acusatorio que han pedido algunos gobernadores, incluido José Antonio Gali Fayad, el senador Luis Miguel Barbosa Huerta defendió el modelo de justicia oral, pues dijo que éste no es el origen de la delincuencia que se vive en el país.
Al inaugurar el foro “La Justicia que México Necesita: Mitos y Realidades del Nuevo Sistema Acusatorio”, que se llevó a cabo en el Senado de la República, el exmilitante perredista destacó que si ha habido fallas en la impartición de justicia en el último año no es culpa del sistema, sino que las autoridades no se prepararon de manera adecuada.
“Señalar que el proceso penal y su aplicación es el responsable e la liberación de presuntos delincuentes, la llamada puerta giratoria como dicen, es un exceso, es una forma de ocultar la falta de preparación”, puntualizó el senador al recordar que se tuvieron ocho años para hacer los ajustes operativos y preparar al personal de las diferentes dependencias que participan en los procesos de impartición de justicia, pero que esto no se dio de manera adecuada.
Con este argumento, se manifestó en contra de ampliar el listado de delitos graves que merecen prisión preventiva, pues dijo que este sería un error grave pues iría en contra de las garantías que brinda el nuevo modelo.
Destacó que uno de los puntos centrales de la justicia oral es que se fortalecen los principios de presunción de inocencia y duda razonable, es decir que el juez debe tener todos los elementos de prueba necesarios para tener la certeza que la sentencia que emita sea la adecuada, cosa que no se daba en el sistema inquisitorio.
Antes, recordó, “se podía construir una imputación de manera falsa, una confesión, la declaración de dos testigos tomadas ante las policías ministeriales eran suficientes para que un juez condenara a un presunto delincuente, así se construían peritajes que carecían de elementos técnicos y que creaban una especie de debilidad instituciona”.
Por esta razón, destacó que más allá de que se busquen cambios al sistema de justicia oral, las autoridades de todos los níveles de gobierno tienen que destinar los recursos necesarios para capacitar al personal y tomar las medidas que sean necesarias para actar las disposiciones en la materia y así mantener las garantías que brinda este modelo.
