Por Shanik David
Desde el 26 de diciembre del año pasado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio por concluida la recomendación 2VG/2014, relacionada con el caso de la agresión que sufrieron pobladores de San Bernardino Tlaxcalancingo el 9 de julio de 2014, pero fue hasta la semana pasada cuando se notificó de manera oficial dicha resolución a los afectados.
Aracely Bautista, integrante del Centro de Derechos Humanos José Luis Alberto Tehuatle Tamayo, narró que el viernes sostuvo una reunión con el presidente de la Comisión, Luis Raúl González Pérez, quien le confirmó que se cerró el expediente pues el gobierno del estado entregó la suficiente información para considerar que se habían cumplido con los 11 puntos que incluía la recomendación.
El que se haya llegado a esta resolución sin que las víctimas hayan recibido justicia es resultado de las traiciones que se dieron al interior del movimiento, lamentó Bautista, al señalar de manera directa a Alejandro del Castillo y Arturo Rivera.
En particular arremetió en contra de Rivera, quien era el representante legal de Elia Tamayo -madre del niño José Luis Alberto, quien perdió la vida por las lesiones que sufrió durante el operativo que desplegaron los policías estatales- así como las demás víctimas de los hechos, pues dijo que no cumplió con su obligación de velar por los intereses de los afectados.
“Si eres abogado de una causa social o de quien sea tienes que pelear, tienes que presentar escritos en defensa, pero no lo hizo”, acusó Bautista.
Ante esto, consideró grave que a tres años no se haya sancionado a los responsables de los abusos en los que incurrieron los policías estatales que participaron en el operativo para desalojar la manifestación que realizaba pobladores de Chalchihuapan, pese a lo cual se mantendrán en la lucha para que se haga justicia.
Adelantó que en un plazo no mayor de dos meses se presentará el caso ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para que sea dicha instancia la que revise el fondo de la agresión que sufrieron los ciudadanos y la muerte del menor de 13 años.
Para alimentar el expediente se revisará el resolutivo de la CNDH para contrastar la información oficial con la situación real en la que se encuentran los afectados de este caso, y con esto poder presentar la documentación necesaria para que la instancia internacional atraiga el asunto.
