Por Shanik David
Aunque hay personajes a nivel nacional y estatal que están a favor de que los diputados federales le den salida a la brevedad a la iniciativa de la Ley de Seguridad Interior que presentó la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional a finales del año pasado, organizaciones sociales mantienen su rechazo a la misma.
Tal es el caso del movimiento Reconstruyamos México, quienes afirmaron que esta reforma traería consigo violaciones a derechos humanos y la criminalización de la protesta social, justificado con la atención de la delincuencia que se vive en el país.
José Luciano Osorio Couttolenc, integrante de la agrupación, señaló que si bien el Ejército es una de las instituciones en las que más confianza tiene la población, los soldados no están preparados para llevar a cabo labores de seguridad pública, lo cual en sí ya representa un factor de riesgo.
Resaltó que la Ley de Seguridad Interior, a la cual calificó de “perversa”, implicaría la validación de estados de excepción de manera permanente, con las implicaciones sociales que esto podría llegar a tener.
“Llevamos desde el sexenio de Felipe Calderón más de 100 mil muertos, no encontramos que haya una verdadera propuesta de resolución que atienda la raíz del problema” añadió, al sentenciar de manera tajante que la militarización de la fuerza pública no es la solución para hacer frente a la problemática que se vive a nivel nacional.
Por el contrario, comentó, lo más viable es que las autoridades atiendan los problemas de marginación y rezago en las que se encuentran muchas comunidades, pues es desde ahí donde se puede resolver la fractura social que se vive en la actualidad.
“Es necesario que se establezcan estrategias para evitar que se combata delincuencia con más delincuencia, hay muchas formas de atacar a los huachicoleros y los problemas de la región con otro tipo de políticas públicas”, insistió.
