Por Shanik David
En 2015 dos policías ministeriales, adscritos a la Agencia de Investigación Científica, fueron separados de su cargo por no haber acreditado las pruebas de control de confianza.
Esto se indica en el reporte de servidores públicos con sanciones administrativas publicado en el portal de transparencia de la Fiscalía General del Estado, en donde se señala que desde entonces ningún otro policía ha sido castigado por no pasar los exámenes de confianza; sólo se registró el caso de un auxiliar administrativo de la Oficialía Mayor que en 2016 no acudió a hacer las evaluaciones, pero sólo se le suspendió del cargo por 15 días sin goce de sueldo.
De acuerdo con el reporte de la Fiscalía, de enero de 2015 al corte de marzo de este año han sido sancionados 19 funcionarios públicos adscritos al organismo, de los cuales 15 son Ministerios Públicos y un auxiliar de éstos más los casos citados anteriormente.
Llama la atención que del total de sanciones aplicadas, 14 fueron tan sólo en 2015, mientras que para 2016 -año en el que se pasó de ser Procuraduría a Fiscalía-, sólo se castigaron a cuatro funcionarios por no cumplir con sus responsabilidades y en 2017 va sólo uno.
De las faltas cometidas por los Ministerios Públicos sancionados destaca el incurrir en “irregularidades en el desempeño de sus funciones como servidores públicos”, además que al realizarse visitas de inspección “se encontraron irregularidades en averiguaciones previas” y hasta abuso de poder.
Si bien se registra un caso como “privación de la libertad sin que existiera denuncia previa de la quejosa”, este refiere a un caso de 2014, donde la Ministerio Público de San Pedro Cholula emitió una orden de aprehensión en contra de una mujer por el supuesto delito de “falsificación de declaraciones e informes a las autoridades”, acusación que, posteriormente, se comprobó que no era real.
Destaca también que la sanción que se aplicó este año corresponde a un caso de finales de 2014, es decir el órgano interno de la Fiscalía tardó poco más de dos años en resolver el expediente.
Este caso refiere a una denuncia presentada por una mujer en contra de la agente de Ministerio Público de San Martín Texmelucan, pues cuando acudió a denunciar que su hija estaba siendo retenida contra su voluntad la servidora pública la atendió de manera prepotente y se burló de ella.
Además, cabe precisar que ninguno de los Ministerios Públicos ha sido sancionado más allá de una suspensión del cargo por 10 días sin goce de sueldo o, como mínimo, una amonestación privada.
