Por Rocío García Olmedo
Por fin en Puebla inician los trabajos para la instalación del Observatorio de la Participación Política de Mujeres.
Este Observatorio surge en el año 2014, a iniciativa del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Nacional Electoral (INE), con el propósito de coordinar acciones encaminadas a promover la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones en el ámbito público, con la finalidad de “lograr sinergias que cierren las brechas de género, desde un enfoque de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.”
Ello requiere de la coordinación y de acciones articuladas entre estas instituciones, de manera que se asegure que esta participación se lleve a cabo en base a normas que se apliquen con los mismos criterios en toda la nación, para garantizar a las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos políticos.
Muchos ejes de atención tendrá que implementar este Observatorio para cumplir con sus objetivos, más aún cuando estamos a la víspera de un proceso electoral (2018) que requiere que los partidos políticos postulen candidaturas de hombres y mujeres basados en el Principio de Paridad.
Necesario observar que si bien cada vez más mujeres puedan incorporarse a la competencia política, lo puedan hacer en contextos de mayor equidad legal e institucional.
De ahí que hay que empezar por analizar hasta donde en el estado de Puebla se ha avanzado en la armonización legislativa para homologar los marcos jurídicos estatales con la legislación federal y los tratados que México ha suscrito, que fueron aprobadas en el paquete de normas generales político-electorales del 2014 y en su caso implementar las acciones necesarias para llevarlo a cabo a la brevedad.
Este Observatorio deberá proporcionar información eficaz y sintetizada antes, durante y posterior a los procesos electorales.
Servirá también para visibilizar los avances y los retos en el acceso de las mujeres a espacios de decisión.
Deberá vigilar que los partidos políticos cumplan con las postulaciones paritarias; mantener un seguimiento puntual del proceso electoral que se avecina, con la finalidad de registrar obstáculos y avances de la participación política de las mujeres.
Dar seguimiento a la labor que se realiza en todos los ámbitos a favor de los derechos político-electorales; así como el uso de un lenguaje incluyente en la elaboración de materiales electorales.
Hay por supuesto investigaciones puntuales generadas desde el trabajo del Observatorio Nacional que servirán de punto de partida para el desarrollo de las acciones que se implementen y colaborar en su actualización y desarrollo como el Diagnóstico sobre derechos políticos de las mujeres. Existe ya, el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, que habrá que vigilar que se aplique.
Cómo dejar de mencionar que justamente los trabajos del Observatorio Nacional permitieron detectar la vulneración de la norma de paridad de género por parte del Instituto Electoral de Chiapas que generó la destitución parcial de consejeros y la posterior remoción total de sus integrantes por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Por ello aplaudo que por fin se hayan iniciado los trabajos para la instalación del Observatorio de la Participación Política de Mujeres, que presidirá -según se comentó- el Instituto Poblano de las Mujeres.
