Por Jesús Manuel Hernández
De pronto Puebla se convierte en el foco de atención de la prensa internacional y nacional, e incluso despierta el interés del presidente Peña Nieto y las fuerzas armadas. El motivo, por desgracia, es el crecimiento del robo de combustible en el llamado “triángulo rojo” ubicado ente los municipios poblanos de Tepeaca, Palmar de Bravo, Quecholac, Acatzingo, Acajete y Tecamachalco, la tierra del ex gobernador, donde se han registrado los enfrentamientos entre los llamados “huachicoleros” y los soldados mexicanos, con saldos rojos.
Imposible pensar que el aumento de robo de combustible se haya dado en los últimos tres meses, como muchos morenovallistas quisieran hacerlo ver ante la ausencia física de su jefe en Casa Puebla.
El diario Reforma hizo una revelación este fin de semana, los huachicoleros obtenían ingresos promedio de 150 mil pesos diarios entre 2011 y 2014; aumentaron sus ingresos entre 2015 y 2016, 1233 por ciento, hasta llegar a los 2 millones de pesos diarios de ingreso.
Los años corresponden precisamente al período cuando fue gobernador Rafael Moreno Valle. No en balde a mediados de su sexenio fueron detenidos dos mandos policíacos estatales comprometidos con el tema; tampoco en balde la anulación de su Secretario de Seguridad, Facundo Rosas, bajo la figura de “renuncia”, pero que todos saben tiene iniciada una investigación por la protección a la delincuencia organizada en ese rubro.
Los últimos seis años aparte del aumento de la deuda pública disfrazada de PPS, el Estado de Puebla ha sido golpeado en sus cimientos, en su estructura orgánica, las instituciones fueron desarticuladas, socavadas, inutilizadas, los presupuestos reducidos en los fundamental, y aumentados donde las comisiones de construcciones de obras de boato permitieran aumentar el caudal económico de los jefes.
El resultado es esta radiografía que empieza a trasparentar el sinnúmero de errores y las cloacas dejadas, tapadas con flores y ciclovías.
El barco hace agua, no hay dinero suficiente en las arcas poblanas para hacer frente a los compromisos pactados, cada cajón que se abre en la Secretaría de Finanzas constituye un descubrimiento de otro problema heredado.
La inseguridad va en aumento, cada 14 horas se efectúa un homicidio en el estado, según revelación del Observatorio Nacional Ciudadano; el año pasado hubo 81 feminicidios, este año van 37, o sea 118 en 16 meses, más de diez cada 30 días.
A principios de 2016 el gobierno morenovallista se negó a pedir la Alerta Amber, menospreció la gravedad del tema, lo mismo hizo cuando se descubrió la complicidad de policías y huachicoleros, todo en aras de no afectar la imagen del aspirante presidencial, Rafael Moreno valle Rosas.
Los voceros de Rafael alegaron que si había Alerta Amber bajaría el interés por visitar Puebla. ¿Qué dirán ahora cuando la autopista Puebla Orizaba estuvo cerrada por más de 10 horas y el nombre de la entidad aparece en las primeras páginas de los diarios internacionales por el tema del robo de combustible?
Joaquín López Dóriga le preguntó el pasado viernes a Antonio Gali por qué no se declaraba el Estado de Excepción que prevé la Constitución, cuando se observa claramente que una parte del territorio poblano está gobernada por el crimen organizado. El gobernador respondió algo que debe leerse entre líneas: “Joaquín, yo apenas tengo 3 meses en el cargo”.
El sexenio morenovallista está comprometido con el robo de combustible.
O por lo menos, así me lo parece.
