Por Valentín Varillas
Sucedió a mediados de 2015.
Resuelta ya la elección federal de ese año con un resultado no muy favorable para sus intereses, en la agenda política del entonces gobernador Moreno Valle un tema empezaba a cobrar inusitada importancia, bajo la lógica de la siguiente elección local y del establecimiento de las bases necesarias para afianzar el maximato del siglo 21 en Puebla.
Desde varios frentes políticos afines a los intereses oficiales, se habían analizado las ventajas que tendría llevar hasta el congreso local, una nueva iniciativa de reforma al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales poblano que considerara ampliar el período del mini-gobernador de un año 8 meses a cuatro años 8 meses.
La propuesta consideraba que, en lugar de que el empate de tiempos entre procesos locales y federales se diera en la elección del 2018, se haría hasta el 2021.
La medida ganaba adeptos rápidamente entre el grupo cercano al mandatario y entre sus principales defensores se encontraba, claro está, el entonces presidente municipal de la capital y virtual candidato a la gubernatura, José Antonio Gali Fayad.
Él consideraba que, una ampliación del plazo, serviría para establecer un plan de gobierno más completo, más ambicioso, que contemplara proyectos prioritarios de mayor alcance para los poblanos.
En el punto más álgido del debate –reflejado, por cierto, en algunas columnas políticas de la época-, en una casa ubicada en un fraccionamiento de lujo sobre la avenida Atlixcáyotl, se dieron cita tres personajes del círculo más cercano a Moreno Valle.
Jorge Aguilar Chedraui, Patricia Leal y Juan Pablo Piña debatieron por horas cuál sería la mejor manera de echar por tierra, de una vez y para siempre, la propuesta de ampliar el período gubernamental.
El tema les preocupaba de sobremanera ya que, de aprobarse, sentían que sus respectivos proyectos políticos personales -cualesquiera que estos fueran- se verían afectados severamente.
De la reunión salieron con una ruta crítica: con tareas específicas a realizar y cabildeos que llevar a cabo, incluidas fechas y plazos fatales.
No contaban con un pequeño detalle: los servicios de espionaje e inteligencia al servicio del entonces gobernador, tomaron puntual nota del encuentro y de las opiniones, frases lapidarias y adjetivos vertidos por los ahí presentes.
El informe fue puntual, muy rico en lo que a detalles se refiere.
Desató un auténtico escándalo interno.
A partir de ahí, la definición de grupos al interior fue ya muy clara.
Se marcaron irremediablemente adhesiones, traiciones, filias y fobias.
La potencial fractura no trascendió en el momento por la intervención inmediata de Rafael -único factor de cohesión real en el grupo- y por el interés común de mantener una unidad que resultaba fundamental para la supervivencia política.
Al final, la propuesta de ampliación del período gubernamental no caminó por una serie de factores de la más diversa índole.
Sin embargo, las consecuencias de la conspiración anti-Gali hoy siguen más vivas que nunca y serán un factor determinante en el proceso de palomeos y descartes en la definición de abanderados a cargos de elección popular en el 2018.
Varios mensajes, mediáticos y políticos, se han enviado ya en consecuencia.
Y los que faltan.
Sí, estas traiciones son de las que duelen de aquellas que jura el clásico que no se olvidan nunca.
