Por Shanik David
Por las presiones que han recibido trabajadores del Colegio de Bachilleres y padres de familia de alumnos que acuden a los planteles educativos adscritos a este organismo, se presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) en contra de Carlos Martínez Amador, quien desde hace dos meses dirige dicha instancia.
Marco Antonio Mazatle Rojas señaló que la denuncia la presentó él, como integrante del Observatorio Ciudadano Laboral Poblano, en representación de los miembros de la comunidad educativa quienes por temor a represalias de las autoridades evitaron firmar el documento.
Indicó que se tienen al menos 20 casos de profesores que son presionados para afiliarse al Partido de la Revolución Democrática así como llevar entre dos y 10 personas para que se sumen al instituto político en el cual milita Martínez Amador, de lo contrario podrían ser cambiados de planteles o tener afectaciones en su vida laboral.
Otros 15 casos corresponden a los padres de familia a quienes se les impone una cuota similar de afiliaciones, de lo contrario se les condiciona la permanencia de los alumnos en los planteles públicos o amenaza con cambiar de turno a sus hijos, lo cual se agrava con el fin de ciclo escolar.
Estos hechos se han registrado en municipios como Puebla, San Martín Texmelucan, Tepeaca, Atlixco e Izúcar de Matamoros, aunque podrían haber casos similares en otras demarcaciones pero no se han hecho públicos.
“Esta situación que considero totalmente inadmisible y probablemente constitutiva de delitos electorales, atenta contra los principios democráticos que rigen a la nación mexicana y vulneran la participación libre, informada y activa de los ciudadanos poblanos para favorecer intereses estrictamente personales”, acusó Mazatle Rojas.
Por este motivo se recurrió a la instancia federal para que tome conocimiento de esta situación, de manera que se investigue a fondo el asunto y que, en caso de que se comprueba alguna ilegalidad de parte de Martínez Amador o de funcionarios del Cobaep, que se apliquen las sanciones correspondientes.
