Por Shanik David
El incremento en la incidencia del robo de combustible en el estado de Puebla no sólo genera problemas sociales debido a la impunidad y corrupción vinculados con estos ilícitos, sino que podría generar violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos.
Esto pues para hacer frente a la problemática, que debería ser atendida por la policía civil, las autoridades han recurrido al Ejército para pelear contra estos delitos, a pesar de que ésta no es la facultad de las fuerzas armadas.
Así lo sentenció Eduardo García Vázquez, coordinador de Proyectos Académicos del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, al explicar que la preparación, filosofía y equipamiento de los soldados están orientados hacia la defensa del país y a combatir con otros soldados, por lo que no están capacitados para la lucha de delincuencia organizada.
Además, existen estudios a nivel internacional que reflejan que la militarización de zonas civiles conlleva de la mano el aumento en violaciones a los derechos humanos a la vida y la libertad, por lo que lo ideal es que la presencia de las fuerzas castrenses sea temporal.
“Esperemos que las instituciones estatales tengan la capacidad suficiente para hacer frente a la delincuencia y que esta presencia sólo sea temporal, pues sí habría una violación a los derechos de los ciudadanos pues su seguridad no le corresponde al Ejército sino a la policía”, subrayó el especialista en derechos humanos.
Insistió que tienen que ser las autoridades estatales las que deben combatir el robo de hidrocarburo en la zona del Triangulo Rojo pues este delito “no sólo ha hecho más visible la presencia de delincuencia organizada sino que ha develado la participación de funcionarios en actividades ilícitas y la ineficacia de una actividad preventiva frente a estos hechos, lo cual violenta el derecho a la vida y a la integridad de los ciudadanos”.
Recordó que de acuerdo con cifras de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos, la incidencia de casos de robo de combustible se ha quintuplicado en el último año, al pasar de 785 reportes en 2015 a cuatro mil al cierre de 2016.
Este problema, que calificó de mayúsculo, servirá para justificar la militarización del estado, lo cual no es lo más viable pues “la militarización puede incrementar la violencia y la impunidad”, reiteró.
