Por Shanik David
En el último sexenio, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Puebla recibió mil 59 quejas en contra de la Fiscalía General del Estado, es decir cada dos días un ciudadano denunció una posible violación a sus derechos por parte de los trabajadores de dicha instancia.
Esto se desprende del informe de labores que entregó Víctor Carrancá Bourget al Congreso del Estado la semana pasada, donde se presume además que en los seis años del morenovallismo sólo se recibieron 24 recomendaciones por violaciones a los derechos humanos.
Y aunque no describe de qué tratan estas recomendaciones es importante señalar que se han documentado que algunas de estas van sobre casos de tortura de detenidos para obligarlos a declarar, por ejemplo en la recomendación 3/2017, en la cual se narra que un hombre fue detenido de manera arbitraria y fue llevado al Motel Kyoto donde fue torturado con golpes, asfixiado con una bolsa y amenazas.
Pese a esto, la Fiscalía destaca que con sus 24 recomendaciones en seis años -es decir un promedio de cuatro anuales-, fueron menos de las que recibió la entonces Procuraduría General de Justicia durante el sexenio de Mario Marín Torres, cuando se reportaron 59 recomendaciones de la CDH.
Sin embargo, en la sección de reportes de derechos humanos del documento de la Fiscalía se manejan datos muy ambiguos, pues por ejemplo se indica que con la conformación de la Dirección de Derechos Humanos se recibieron dos mil 407 solicitudes de intervención de los ciudadanos, de los cuales 99 por ciento fueron desechadas por falta de elementos o por mediación, pero no se precisa el año de creación de dicha área.
Además se indica que se “ha colaborado con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la atención de 24 expedientes de queja”, sumadas a los mil 59 expedientes reportados ante la CDH de Puebla.
También reportaron la emisión de 45 medidas cautelares como parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
La Fiscalía registró que por medio de los mecanismos de las medidas cautelares emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, atendieron ocho expedientes en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación federal.
