Por Valentín Varillas
El gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, fue uno de los primeros privilegiados en conocer la inminente marcha atrás que el gobierno federal dará al tema del gasolinazo, originalmente previsto para la primera semana de febrero.
Fue durante la más reciente gira presidencial por el estado, cuando el todavía mandatario se acercó a Enrique Peña Nieto para hacerle saber de su preocupación por las enormes consecuencias que, en materia económica y social, podría traer para el país un nuevo aumento en los combustibles.
Sobre todo, considerando las primeras medidas anunciadas por el presidente Trump y que modificarán radicalmente en el corto plazo las relaciones comerciales con los Estados Unidos
“Lo estamos valorando”, contestó lacónico el huésped principal de Los Pinos, a quien sueña todos los días con sucederlo en el cargo.
La respuesta de Peña fue tan precisa, que motivó ya una acción real de su gobierno.
La cancelación del gasolinazo fue prácticamente confirmada ayer por el Secretario de Hacienda, José Antonio Meade.
En una nota publicada por Reforma, el funcionario anunció la inminente marcha atrás a la medida a través de la siguiente justificación:
“Es un tema que estamos viendo, hay mucha volatilidad en el tipo de cambio, estamos revisando y estamos buscando encontrar un equilibrio entre las finanzas públicas y buscar suavizar parte de la volatilidad”.
Cuando el reportero le pregunta: “¿Sí se podría suspender temporalmente en febrero el aumento (de las gasolinas)?”, Meade simplemente responde : “Lo estamos revisando, lo estamos revisando”.
El gran problema para el gobierno de la República, es que la explicación del por qué cancelar el nuevo aumento en las gasolinas contradicen la justificación original de la medida, dada a conocer cuando se aprobó el primer ajuste en los primeros días del año.
En un mensaje a la nación, el propio presidente aseguró que el “gasolinazo” era “necesario” e “inevitable” y que se trataba de la amarga medicina que a la larga curaría los males de los que adolece la economía nacional.
Juró por todos los dioses que el aumento no era consecuencia de las reformas estructurales aprobadas y le echó la culpa, entre otras cosas, al alto precio internacional del petróleo y los hidrocarburos.
Es evidente que en un mes, nada ha cambiado en términos de los factores externos que en teoría justificaban la medida.
Lo que era inevitable en enero, parece posible en febrero.
Las razones, sobra decirlo, son inminentemente políticas.
La caída de la imagen presidencial es histórica; jamás se había visto algo siquiera similar y urge tomar acciones contundentes para dosificar la debacle.
Además, una vez conocidos los alcances de la política anti-mexicana implementada en Washington, los asesores presidenciales han visto por fin una oportunidad para que, argumentando la necesidad de cerrar filas ante las amenazas y enarbolando la bandera del nacionalismo, los cada vez más millones de mexicanos críticos a la actual administración federal le demos una momentánea tregua a la terriblemente desgastada figura presidencial.
Ante la evidente escasez de liderazgos que sufrimos en el país, en situaciones de auténtica emergencia hay que apoyar “lo que hay”.
Por lo menos ésa es su lógica.
Un nuevo aumento en el precio de la gasolina sería demoledor; daría al traste con todo lo anterior y reviviría con mayor intensidad el repudio generalizado al gobierno.
Entonces, ¿se puede o no se puede?
¿Es el gasolinazo un asunto de economía o de política?
