Por Shanik David
Tras encontrarlo culpable del desfalco de los recursos financieros y naturales del estado, así como de la persecución política en contra de personajes críticos y el uso faccioso de las instituciones de procuración de justicia, ciudadanos que participaron en el juicio popular en contra de Rafael Moreno Valle buscarán llevar el tema a instancias federales para que se realice un juicio político en contra del todavía gobernador de Puebla.
Para el juicio ciudadano que se llevó a cabo en el zócalo de la ciudad se presentaron representantes de diferentes movimientos sociales para denunciar las afectaciones que se han dado en la entidad en los últimos seis años y por las cuales se debe investigar al mandatario.
Por ejemplo, Gerardo Pérez Múñoz del movimiento Puebla en Lucha recordó que en agosto de 2011, recién iniciado el sexenio morenovallista, se dio el primer acto represivo en contra de ciudadanos que se manifestaron en Chignahuapan, siendo el primer uso documentado de balas de goma para disuadir movilizaciones sociales, lo cual, dijo, marcó el precedente de lo que se vivió a lo largo de los seis años siguientes.
Acusó además que las medidas represivas y autoritarias impulsadas por Moreno Valle sólo fueron posibles por la sumisión de las dos legislaturas locales, lo cual le dio carta blanca al gobernador de hacer lo que le pareciera sin necesidad de rendir cuentas.
Ante esto, David Méndez Márquez fue enfático al decir que Moreno Valle “nos falló a todos los poblanos (…) estamos hartos de gobiernos y gobernantes corruptos”, por lo que afirmo que con este tipo de ejercicios de enjuiciamientos ciudadanos se puede combatir a las malas autoridades.
Entre algunos de los puntos que fueron denunciados destacan la privatización del agua potable con la concesión del servicio en la capital a la empresa Concesiones Integrales, la muerte de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, el registro de 136 activistas procesados y la existencia de 150 órdenes de aprehensión y 11 presos políticos, la venta de inmuebles públicos, el fideicomiso firmado con Evercore en el cual se concentra una tercera parte de los ingresos del Impuesto sobre la Nómina para el pago de los Proyectos de Prestación de Servicios, el robo de combustible y los feminicidios, por señalar algunos.
Después de las exposiciones de las agrupaciones sociales se firmó el veredicto en el cual se indica que Moreno Valle “es penal, política y administrativamente responsable de la probable comisión de los delitos de uso indebido de atribuciones, abuso de autoridad, asociación delictuosa y los que resulten.
El resolutivo se llevará ante el Congreso de la Unión para la solicitud de un juicio político en contra de Rafael Moreno Valle y que sea sujeto a sanciones por “haber traicionado a los votantes”.
