Por Shanik David
Si bieno no se llegó al grado de despidos masivos que se registraron en 2015, durante el último año de la adminstración de Rafael Moreno Valle se dieron despidos de burócratas “a cuenta gotas”, afirmó Marco Antonio Manzano, representante del movimiento de despedidos del gobierno estatal.
Esto lo indicó en respuesta a la aseveración hecha por el secretario de Finanzas y Administración, Guillermo Bernal Miranda, durante su comparecencia ante los diputados locales como parte de la glosa del Sexto Informe de Labores del gobernador, donde enfatizó que en 2016 no hubo despidos y que las bajas fueron por defunción, renuncia, jubilación o pensión o por interinatos.
Sin embargo, Manzano reconoció que dado el bajo número de casos y el hecho de que se dieron de manera casi aislada, los despidos pudieron ser por responsabilidad de los propios trabajadores, por o que es necesario analizar los casos en concreto.
Además, llama la atención que en su comparecencia el secretario dijo que se pasaron de seis mil 661 plazas laborales en 2011 a cinco mil 598 al cierre de 2016, lo que implica una reducción de alrededor de mil 500 espacios laborales en la administración pública, aunque el número de despidos ha sido mucho mayor.
Tan sólo en 2015, año en el que se dio la mayor oleada de despidos, fueron dados de baja entre mil 200 y mil 500 trabajadores de base, en su mayoría personas que estaban a unos años de jubilarse, mientras que otro tanto fueron empleados más jóvenes y preparados que sólo fueron dados de baja porque su base sindical fue autorizada durante el sexenio marinista, recordó Manzano
Es más, recordó que hasta el momento son al menos 450 las demandas presentadas por los sindicalizados que siguen en proceso, esto sin contar las que en su momento se ingresaron pero en las cuales los quejosos ya se desistieron pues optaron por aceptar las indemnizaciones que les ofreció el gobierno del estado por una cuestión de necesidad.
Por esta razón, consideró que lo más grave que hizo Rafael Moreno Valle en su sexenio fue la violación sistemática de la Constitución Política para ejecutar los despidos de los sinicalizados, pues la permanencia laboral es uno de los derechos fundamentales; además estos despidos violentaron las disposiciones de la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado que indica que si bien es normal que al interior de la administración pública se hagan recortes de plazas, primero deben darse entre trabajadores de confianza y por honorarios y posteriormente entre los de base, lo cual no se siguió durante la actual administración.
