Por Shanik David
Será hasta que los responsables de la muerte de José Luis Alberto Tehuatle Tamayo estén en la cárcel que se podría considerar que hubo justicia en el caso, afirmó Elia Tamayo Montes, madre del niño de 13 años que murió por un impacto de un cilindro de gas lacrimógeno disparado por policías estatales en 2014.
La pobladora de San Bernardino Chalchihuapan confirmó que sí fue amenazada por funcionarios estatales y abogados de la Secretaría General de Gobierno para aceptar la indemnización de 1.7 millones de pesos ofrecida por las autoridades para que se diera por cerrado el caso.
“Me pusieron entre la espada y la pared” lamentó la mujer de origen indígena al recordar que los representantes del gobierno del estado le dijeron que si no aceptaba el pago se apelaría la liberación de Javier Montes Bautista, expresidente de Chalchihuapan, y se abrirían nuevos procesos en su contra.
Ante esta situación dijo que se podría llevar el caso ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, pues saben que en México y en Puebla muy difícilmente se les hará justicia o se logrará que los responsables da muerte de su hijo sean castigados.
“Como siempre les he dicho, el dinero no repara los daños” afirmó dura Elia Tamayo, al momento de acusar que el monto que le dio el gobierno no es suficiente pero que no tuvo otra opción más que aceptarlo.
Lo primero es que se haga justicia pero ellos no lo ven así, insistió la mujer al señalar que continúan las presiones de parte de las autoridades en contra de ella y los demás pobladores de Chalchihuapan para que se dé por cerrado el caso.
Esto lo comentó ante la inminente determinación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de dar por cumplidas las 11 observaciones incluidas en la recomendación 2VG/2014 emitida por el caso de la agresión que sufrieron los pobladores de Chalchihuapan a mano de policías estatales.
