Por Shanik David
Aunque con la reforma constitucional con la cual se aprobó la renovación total de los integrantes del órgano garante de transparencia los diputados locales cometieron un “fraude” a la ley, esta acción no tendrá un costo político hacia los legisladores que lo impulsaron, lamentó el abogado Juan Bosco Rosillo Martínez.
El integrante del Nodo de Transparencia refirió que debido a que no hay un verdadero sistema de contrapesos al interior del poder legislativo local, y que no hay una oposición real o debate entre las fracciones parlamentarias, esta modificación irregular de la ley no traerá consecuencias.
Si bien organizaciones como el Nodo o la Asociación Mexicana de Acceso a la Información pueden hacer señalamientos, insistió, los diputados quedarán impunes.
Señaló que en general la forma en la que se dio la modificación a la Constitución Política del Estado de Puebla, y la inclusión de los artículos transitorios para hacer el cambio de los integrantes del nuevo Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hizo mal, en parte por la costumbre que tienen los diputados de dejar todo para el último minuto.
A decir del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Jorge Aguilar Chedraui, la reforma constitucional buscaba replicar a nivel local lo que hizo el Senado cuando se cambió de Instituto Federal a Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, lo cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014.
Sin embargo, si este era el objetivo, dicha reforma se debió llevar a cabo en los 365 días siguientes a la publicación de la reforma federal, pues esto incluso se indicaba en la misma, lo cual no fue acatado en tiempo y forma por el Congreso local.
Desde ahí las irregularidades para la creación del Instituto de Transparencia local han sido diversas, pues la extinción de la Comisión para el Acceso a la Información Pública no era necesaria, debido a que si bien lo que se buscaba a nivel federal con la creación de los nuevos organismos era dotar a las instancias encargadas de la vigilancia de la transparencia de autonomía constitucional, en el caso de Puebla desde 2012 ya se contaba con ésta.
Es más, recordó que en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública aprobada el 4 de mayo, se indica que a partir de ese momento quedaba sin vigencia el nombre de CAIP y que se tendría que hacer sólo el cambio de nombre a Instituto, pues las facultades y responsabilidades siguen siendo las mismas que tenía el organismo anterior.
Otro detalle que criticó el especialista, fue que los diputados sólo modificaron la Constitución sin hacer los ajustes necesarios a la ley en la materia, por lo que en sí lo que hicieron con esta reforma apresurada fue “desarmonizar” todo el marco vigente en temas de transparencia.
