Por Shanik David
Además del grupo de ciudadanos que conforman la Asamblea Social del Agua, quienes han presentado casi un centenar de amparos para combatir el cobro excesivo impuesto por la empresa Concesiones Integrales, existe otro frente de poblanos que desde 2014 mantienen una batalla legal en busca de revertir la concesión del servicio de agua potable.
En este grupo son cerca de mil 900 quejosos quienes se organizaron en grupos de 440, 250, 300 y cantidades parecidas para presentar alrededor de cinco amparos colectivos en contra de la concesión así como los acuerdos emitidos en el Congreso del Estado de Puebla que le dieron válidez, explicó el abogado Gilberto Montalvo González.
A más de dos años que se presentó el primero de los recursos, en junio de 2014, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó atraer el expediente para su análisis, esto como parte de una resolución del Segundo Tribunal Colegiado del Estado de Puebla.
El abogado explicó que el recurso que se había presentado originalmente tuvo que pasar un largo proceso al interior de los tribunales para poder salir adelante, pues originalmente había sido ingresado en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa el cual lo sobreseído; a raíz de esto fue turnado al Tribunal Colegiado donde se quedó estancado pues a pesar de que los magistrados fallaron a favor de los quejosos la autoridad recurrió la sentencia.
Fue ahora que el Segundo Tribunal Colegiado determinó dar vista a la Suprema Corte para que resuelva el caso y con esto quede un precedente en relación al caso de la concesión del agua potable en Puebla, pues es un asunto que no ha sido tratado por los ministros.
Montalvo González afirmó que considera que el tema si salga adelante, pues lo que se impugna es el acuerdo tarifario y la reforma a la Ley del Agua, ambos aprobados por el Congreso del Estado, así como el proceso de licitación y la propia concesión que se entregó a la empresa por parte del gobierno de Rafael Moreno Valle.
