06-05-2024 06:11:49 PM

Buscan elevar a nivel constitucional principios de transparencia

Por Shanik David

A casi seis meses de que se aprobó la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Puebla, los diputados locales buscan integrar criterios de ésta a la Constitución Política del Estado.

A nombre de los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, el diputado Marco Antonio Rodríguez Acosata, presidente de la Comisión de Transparencia del Congreso, presentó la iniciativa con la cual se reforman los artículos 12 y 125 de la Constitución, para fortalecer a la Comisión para el Acceso a la Información Pública y el sistema en general de rendición de cuentas en el estado, según explicó.

Los ajustes responden, en primer lugar, a la reforma constitucional que se hizo a nivel federal en febrero de 2014 y que derivó en la modificación total del sistema de transparencia a nivel nacional, así como en la expedición de las nuevas leyes de transparencia en todo el país, y que ahora se busca equiparar a nivel local.

La idea, detalló el diputado, es subir a grado constitucional cuestiones como los criterios de conformación del organismo garante de acceso a la información, que ahora se llamará Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, así como los principios rectores de la transparencia, que si bien ya se incluyen en la ley estatal ahora tendrán un valor constitucional.

Destaca en particular que esta reforma implicaría agregar a la fracción a del artículo 12 la obligación de los diferentes sujetos obligados de interpretar el derecho de acceso a la información bajo el principio de máxima publicidad, lo cual, de ser respetado, obligaría un cambio en la forma de responder las solicitudes de información que se hagan a las diferentes entidades de gobierno, ahora por mandato de la Constitución estatal.

Otros de los criterios que se incluyen es la protección de datos personales, que las personas no deben acreditar interés para pedir determinada información, la obligación de los sujetos obligados de documentar y guardar archivos precisos de todos los actos que desarrollen, y la posible sanción de no cumplir con estas disposiciones.

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