Por Shanik David
De 2015 a la fecha al menos 33 activistas y miembros de organizaciones sociales han sido víctimas de agresiones, hostigamiento y hasta detenciones arbitrarias por parte de las autoridades, destacando miembros de la disidencia magisterial, estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y pobladores de Cholula.
Esto se indica en el reporte “Defender los derechos humanos en México: la normalización de la represión política” elaborado por el Comité Cerezo, que abarca del junio de 2015 a mayo de este año -aunque en el reporte se incluyen casos que sucedieron en los meses previos a este período-.
En general en todo el período se registraron 968 víctimas de violaciones a sus derechos humanos en todo el país, quedando Puebla en el octavo lugar a nivel nacional, por debajo de Oaxaca -que tuvo 176-, Michoacán, Guerrero, Chiapas, la Ciudad de México, Jalisco y Veracruz.
Destaca que si bien el informe contempla los ataques a los activistas por agresiones y por detenciones arbitrarias sólo un caso de los que se dieron el año pasado cumple con los dos criterios: los siete jóvenes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla que fueron detenidos previo a la elección a diputados federales.
Fue el 5 de junio por la madrugada cuando elementos de la policía ministerial sacaron por la fuerza a los siete estudiantes de sus domicilios, quienes habían sido señalados por una supuesta carta anónima de ser los responsables de haber colocado aparatos explosivos un paradero del Metrobús, en las oficinas del Instituto Nacional Electoral y la delegación de la Secretaría de Economía, siendo agredidos en el proceso y puestos a disposición de las autoridades sin posibilidad de establecer comunicación con sus familiares.
Los detenidos fueron Juan Carlos Tepole Ixtacua, Axel Jiménez Morillo, Ana Rosa Zilli Colorado, Erick López Cruz, Shariff Guerrero Contreras, Carlos Arafat Rosas Burguess y Dulce Carolina Parra Escalona, quienes formaron parte del movimiento Yo Soy 132 en la BUAP, así como en el Comité para la Liberación de los Presos Políticos y en Contra de la Represión Social, y hasta la fecha a más de un año de los hechos sigue sin resolverse su situación legal.
En cuanto a los casos de agresión a defensores de derechos humanos también se incluye a los pobladores de San Gabriel Chilac en su conjunto, quienes en junio de 2015 se enfrentaron a policías estatales y federales que intentaban clausurar la radio comunitaria “La Chilenita”, así como los hechos que se registraron a principios de este año en Ciudad Serdán, donde elementos de la policía municipal agredieron a los abogados Érika Brenes Juárez y Massiel Arellano, en presencia de los hijos de la pareja.
En lo que respecta a las detenciones sin sustento se menciona el caso de Miguel Guerra Castillo, vocero de la disidencia magisterial en el estado, quien fue arrestado al salir de una rueda de prensa en el Centro Histórico en marzo del año pasado, acusado de bloqueo a las vías de comunicación por una manifestación realizada en 2013; también se menciona el arresto de Gregorio Santos Anastacio y Juan Manuel Evangelista en octubre acusados de haber sido los responsables de una movilización violenta en contra del presidente municipal
Destaca que tan sólo del Movimiento Cholula Viva y Digna se registraron cinco detenciones arbitrarias: la de Carlos Formacio Ramírez, Guadalupe Lozano y Salustino Antonio Solís Xicale -arrestados días antes de la elección del año pasado por supuestamente repartir propaganda negra-, la de Teodulo Cuaya Teutle en octubre y José Claudio Coyópol Xicale en enero de este año por “insultar a un policía”.
También se enlistan las detenciones de Fernando Alonso de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre y la de Pedro Carmona de la Asamblea Social del Agua.
