Por Shanik David
El doble discurso que maneja el gobierno del estado en materia de transparencia, pues mientras por un lado presume ser un gobierno abierto a la rendición de cuentas y por el otro oculta información por diferentes métodos, fue uno de los puntos que se tocó en el pleno del Congreso de la Unión en la sesión de la Comisión Permanente.
Esto pues la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional presentó un punto de acuerdo para solicitar un exhorto al gobierno de Puebla a cumplir con el principio de máxima publicidad y que se haga una investigación sobre la viabilidad de los acuerdos de reserva que se tienen vigentes en la entidad.
En el documento se hace un breve recuento de algunos de los casos en los cuales se han emitido acuerdos de reserva para evitar dar a conocer información que tiene que ver con el gasto público, como es el contrato de la remodelación del Estadio Hermanos Serdán, los detalles de la Ciudad Modelo e incluso el convenio que se firmó con la empresa Audi para su instalación en SanJ José Chiapa y el gasto de los cinco informes de gobierno de Rafael Moreno Valle.
En todo estos casos se invocan acuerdos de clasificación de información, documentos que si bien son legales son necesarios someterse a revisión, aseguran los legisladores en el punto de acuerdo; “no es de sorprender que como estos casos haya decenas más cuya clasificación haya sido reservada, finamente fundada, pero con un deficitario análisis de argumentación sobre los motivos razonables que pudiesen incluir la prueba de daño que garantice una comprensión máxima sobre lo perjudicial que sería hacer pública la información solicitada”.
Esto, dicen los priístas, va en contra del principio de gobierno abierto que se ha impulsado desde la federación, además de que no es posible que los ciudadanos sean “rehenes de la opacidad disfrazada de formalidad legal”, pues esto lacera el sistema de transparencia a nivel nacional.
Por esta razón, piden que sea el Congreso del Estado el que tome cartas en el asunto, al requerir que, en primer lugar se investigue el cumplimiento de parte de la autoridad estatal de las obligaciones en materia de transparencia; además, se pide que se haga un análisis exhaustivo de la regularidad constitucional y de convencionalidad de los acuerdos de reserva que se han firmado por las secretarías estatales de 2011 a la fecha, y que cuando se tengan los resultados de este estudio se envíen al Congreso de la Unión.
Sin embargo, no es competencia del Legislativo hacer este tipo de estudios, sino que es la Comisión para el Acceso a la Información Pública la que hace las revisiones anuales sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y, ahora con la nueva ley de transparencia, tiene la facultad de determinar la viabilidad de los acuerdos de reserva, con la emisión de las pruebas de daño o de interés público.
Además, de acuerdo con estudios hechos por la Asociación Mexicana para el Acceso a la Información Pública (Amedi) Capítulo Puebla, para 2015 había 98 acuerdos de reserva vigentes, los cuales ya debieron aumentar dado que el gobierno ha recurrido a emitir estos acuerdos de clasificación de manera arbitraria.
