Martín Camacho Morales, quien fuera el operador del aviario del Parque Ecológico por más de 23 años, ganó el juicio que presentó ante la Sala Especializada en Materia Ambiental y Regulación del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con lo cual no sólo queda libre de la multa de 168 mil pesos que le había impuesto de manera arbitraria la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, sino que quedó demostrado que nunca incurrió en el maltrato de las aves del que se le acusó originalmente para justificar el despojo del aviario.
Con esta sentencia, dijo, ahora buscará que las autoridades federales y estatales le regresen las especies que le fueron quitadas en septiembre de 2014, cuando se desalojaron a las aves que habitaban en el domo del Parque Ecológico y que, en caso de las que hayan fallecido por los malos tratos que recibieron, se dé una indemnización económica.
El pajarero acusó que todo el caso en su contra se llevó por la Profepa siguiendo órdenes del gobierno del estado de Puebla e incluso violentando las propias normas de la procuraduría, pues cuando se hizo la inspección del aviario -revisión en la cual supuestamente se encontró el maltrato que se le impugnó a Camacho Morales-, llegaron todos los funcionarios de la delegación Puebla de la dependencia federal, cuando la norma indica que para este tipo de visitas sólo deben participar los inspectores.
A raíz de esta inspección, la cual se generó por una supuesta denuncia popular, se le impuso una multa de 168 mil 225 pesos, ya que, según reportó la Profepa en respuesta a solicitudes de información, se detectaron irregularidades en el manejo del recinto.
Fue en respuesta a dicha multa que se presentó el juicio de nulidad ante la instancia judicial, el cual fue ganado demostrando que los argumentos que uso la dependencia federal fueron sin sustento.
Ante esto, Camacho Morales refirió que no era creíble que por 23 años hubiera operado el aviario y que “de la nada salieran con denuncias de este tipo”, y en cambio a pesar de que se tiene documentado que durante el desalojo de 316 aves -catalogadas como especies protegidas- al menos 26 de éstas fallecieron, no se haya abierto ningún procedimiento para sancionar a los responsables de dicha acción.
Esto ha sido confirmado tanto por la Profepa como la Secretaría de la Función Pública y la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las cuales han reportado que no hay procedimientos abiertos contra funcionarios públicos por el tema del aviario, siendo la de Martín Camacho la única sanción aplicada por este asunto.
Sin embargo, para poder continuar con el proceso para exigir la restitución de las aves -siendo facultad de la Profepa responder por las 290 que, supuestamente, siguen con vida, y al gobierno del estado por las 884 domésticas que fueron llevadas al Parque Estatal Flor del Bosque-, habrá que esperar unos dos meses, según comentó el abogado Rafael Rodríguez, pues si bien la sentencia se publicó en el portal del TFJFA el 1 de junio pasado, para el 29 del mismo mes la autoridad señalada, es decir la Profepa, presentó un recurso de revisión que se encuentra en trámite.
