Por Shanik David
La falta de promoción de los derechos humanos, la poca información sobre la situación de la violencia contra las mujeres e incluso la poca difusión de protocolos para atender la situación de riesgo en la que se encuentran las mujeres son algunos de los elementos que detectó el equipo de trabajo que eligió la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia en Contra de las Mujeres al hacer un diagnóstico sobre la situación de Puebla.
Esto se menciona en las conclusiones del informe hecho por el grupo de especialistas que fueron seleccionadas para la elaboración del documento el cual, en caso de no ser acatado en su totalidad por la autoridad estatal, representaría la antesala para la emisión de una alerta de género en el estado.
Sin embargo el camino es largo para que se tome dicha determinación, pues ahora que la administración de Rafael Moreno Valle anunció que se aceptan las 11 recomendaciones hechas se tiene un plazo de seis meses para que se tomen las acciones propuestas para combatir la situación crítica de la violencia contra las mujeres, esto significa que sería hasta finales de este año cuando habría un resultado concreto al respecto.
Entre las observaciones hechas por el equipo de trabajo, en el cual participaron representantes de dependencias federales y académicos, se señala de manera puntual el caso de las ocho mujeres embarazadas que han sido asesinadas en los últimos años, y si bien se indica que siete de estos casos cumplen con el tipo penal de feminicidio, sólo el de Paulina Camargo no se puede incluir pues sigue en calidad de desaparecida.
“Llama la atención el patrón de casos de mujeres jóvenes que fueron asesinadas estando embarazadas, presuntamente por sus parejas sentimentales lo que evidencia una situación de machismo extremo en el cual los agresores manifiestan su desprecio por el cuerpo de las mujeres, decidiendo sobre éste y sobre su elección de maternidad” se puntualiza en el documento.
Entre las recomendaciones que se emitieron una se centra en la poca investigación que hay de sobre estos casos pues “el grupo considera que debe atenderse la calificación de los homicidios de mujeres como feminicidio, fortalecerse las acusaciones por este crimen, garantizar una sanción adecuada a los perpetradores y una reparación integral del daño a la víctima”.
Para esto se propuso modificar el protocolo de investigación de feminicidios para que se incluyan cuestiones como el contenido mínimo de la acusación para que se catalogue como tal, el establecimiento de planes de investigación, herramientas para acreditar las razones de género y la solicitud de reparación del año; además se recomienda crear un mecanismo similar para la investigación de la trata de personas.
Otras de las propuestas van más en cuestiones de difusión, como la elaboración de un diagnóstico sobre los tipos y modalidades de la violencia contra las mujeres, para el cual se deberá contar con el apoyo de expertos en el tema, crear un Banco Estatal de Datos en el cual se alimente información mensualmente para generar patrones de comportamiento de la violencia de género y la difundir el Protocolo para la Aplicación de las Órdenes de Protección para las Mujeres Víctimas de Violencia.
En cuanto a temas de promoción de los derechos humanos se incluye que se diseñen campañas permanentes con perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad, sensibilizar a los medios y crear un observatorio de medios de comunicación y generar estrategias de prevención y detección de violencia de género en las universidades.
Además se sugiere el fortalecimiento de las instancias dedicadas a la atención de la violencia de género como el Instituto Poblano de las Mujeres y la Fiscalía, brindar capacitación a funcionarios públicos en materia de derechos humanos y atención de víctimas, e incluso al personal médico para que puedan detectar situaciones de riesgo a tiempo.
El aspecto legal también fue uno de los temas centrales del informe emitido, pues se ponen sobre la mesa diversas reformas legislativas a disposiciones como la Ley de Prevención, Atención y Sanción de la Violencia Familiar, la de Acceso a una Vida Libre de Violencia, al Código Civil en cuestiones como el matrimonio entre personas del mismo sexo, incluir la violencia de género como un impedimento para contraer matrimonio, imponer reparación del daño en materia de violencia familiar; además al Código Penal para incluir la violencia obstétrica, elevar la edad de estupro de los 12 a los 16 años, tipificar el abuso sexual a menores de 18 años. También que se elabore la la Ley para Prevenir y Erradicar los Delitos en Materia de trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos en el Estado de Puebla.
Reconocen un feminicidio al mes
En el documento que fue entregado al gobierno del estado y a organizaciones sociales este martes, se incluyen datos que valen la pena resaltarse, por ejemplo, como parte del análisis la Fiscalía General del Estado proporcionó datos estadísticos sobre la violencia hacia las mujeres, destacando que entre 2009 y 2016 se cometieron 527 asesinatos dolosos de mujeres y feminicidios, aunque el organismo sólo tenía datos concretos de 474.
De éstos 84 fueron catalogados como feminicicios, 371 son homicidios dolosos y en 19 casos no se estipula; esto implicaría que la autoridad reconoce que, en promedio, se comete un feminicidio al mes en el estado de Puebla.
El mayor número de casos de feminicidios o homicidios se dieron en la capital del estado la cual concentró 95 casos; además que el rango de edad con mayor incidencia fue de 31 a 40 años pues al menos 80 de las mujeres que han sido asesinadas en este período se encontraban entre esas edades.
Homicidios o feminicidios por municipio
Puebla 95
Huauchinango 27
Tehuacán 18
Chiconcuautla 18
San Pedro Cholula 11
Zacatlán 13
Chignauapan 10
Atlixco 9
Tecamachalco 8
Xicotepec 8
San Andrés Cholula 7
San Martín Texmelucan 7
Tlaola 7
Huejotzingo 6
Ajalpan 6
