Por Shanik David
Temas como la muerte del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo y la represión de Chalchihuapan, los feminicidios, la privatización del agua potable y la minería a cielo abierto, son tan sólo algunos de los asuntos que generan una indignación real entre los ciudadanos quienes piden que se tomen acciones para evitar casos como estos.
Esta molestia se vio reflejada en las 320 firmas que recabaron en Puebla los integrantes de Voz Ciudadana y la organización nacional Frente Refundación como respaldo a la petición que se presentará en los próximos meses ante la Organización de las Naciones Unidas para la conformación de la Comisión Internacional de la Justicia y la Verdad en México, informó Luis Soriano Peregrina.
El defensor de los derechos humanos comentó que aunque existe una inconformidad por lo que sucede en el espectro nacional con casos como Aytozinapan, Tlayaya o Oaxaca, también existe un dolor permanente en el estado por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que se han dado en la entidad y la falta de mecanismos para hacer frente a estos.
Esto, continuó, pues incluso muchas de las personas que en su momento apoyaron el movimiento para la colecta de firmas para la llamada Ley 3 de 3, manifestaron su inconformidad por lo sucedido con esta iniciativa, pues si bien tenía como finalidad ser un mecanismo para hacer frente a la corrupción al final fue “rasurada” por los senadores.
Por este motivo, la conformación de la citada comisión sería una segunda opción para hacer frente a las violaciones a los derechos humanos y la corrupción existente en todo el país pues, por desgracia, se tiene que recurrir a instancias internacionales para poder denunciar este tipo de situaciones, señaló Soriano Peregrina.
Es más, destacó que en el caso de México se tienen muchos más elementos de los que se presentaron cuando se conformó una comisión similar para el caso de Guatemala, pues no sólo es la violación a los derechos humanos, la falta de organismos de protección de éstos o la protección hacia los gobernadores por parte del Estado, sino que también existen elementos para acreditar las omisiones cometidas en contra de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la cual se encuentra en crisis pues el gobierno mexicano no les ha dado recursos en tres años para su subsistencia.
Si bien se tenía previsto que sería a finales de junio cuando se presentaría la petición a la ONU, se determinó ampliar el plazo hasta septiembre para poder juntar más firmas -pues hasta el momento se han juntado cerca de 20 mil-, comentó el representante de Voz Ciudadana.
